Cada vez que un gobierno propone regular el contenido de los medios de comunicación o ampliar su capacidad de intervención sobre las redes sociales, la sociedad tiene la obligación de detenerse a analizar con serenidad, pero también con firmeza, las implicaciones de esa decisión. No se trata de defender excesos ni de justificar la difusión de información falsa. Se trata de proteger el más básico de los derechos fundamentales de cualquier democracia: la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
La historia demuestra que los gobiernos siempre encuentran buenas razones para justificar mayores controles. Hablan de combatir la desinformación, de evitar campañas de odio o de proteger a la población. Sin embargo, la línea que separa la regulación de la censura suele ser muy delgada. Cuando el poder político adquiere la facultad de decidir qué puede decirse y qué no, el riesgo de abuso es evidente.
Los medios de comunicación, con todos sus aciertos y errores, cumplen una función indispensable. Informan, cuestionan, investigan y sirven como un contrapeso frente al ejercicio del poder. Lo mismo ocurre con las redes sociales, que hoy representan un espacio donde millones de ciudadanos expresan opiniones, denuncian irregularidades y participan en el debate público. Limitar esos espacios significa reducir la capacidad de la sociedad para vigilar a quienes gobiernan.
Si realmente existe preocupación por la calidad de la información pública, el primer paso debería ser fortalecer la transparencia desde el propio gobierno. La información oficial debe ser clara, verificable y completa. Los funcionarios tienen la responsabilidad de hablar con precisión, evitando declaraciones ambiguas que generan incertidumbre y confusión.
Un ejemplo reciente es la forma en que el Secretario de Finanzas se ha referido al tema de las pensiones, señalando que las decisiones dependerán de “lo que digan los líderes”. Las preguntas son inevitables: ¿Cuáles líderes? ¿Quiénes los reconocen? ¿A quién representan? En asuntos que afectan los derechos de miles de trabajadores y jubilados no caben las generalidades ni las frases imprecisas. La ciudadanía merece nombres, representaciones claras y explicaciones completas. Hablar en abstracto puede ser una estrategia política conveniente, pero no contribuye a construir confianza. Por el contrario, alimenta la sospecha y deja espacio para interpretaciones que podrían evitarse con información puntual y verificable. La transparencia comienza por llamar a las cosas por su nombre.
Resulta paradójico que se pretenda regular con mayor severidad lo que publican periodistas, analistas y ciudadanos, mientras los propios funcionarios continúan realizando declaraciones que muchas veces carecen de datos suficientes, contexto o precisión. La exigencia de responsabilidad debe ser para todos, empezando por quienes ejercen el poder público. Una democracia sólida no teme a las preguntas incómodas ni a las críticas. Las acepta porque entiende que el debate abierto fortalece a las instituciones. Intentar controlar el flujo de información rara vez produce gobiernos más eficaces; generalmente produce ciudadanos más desconfiados.
El derecho a la información no pertenece a los medios de comunicación, sino a la sociedad. Es el ciudadano quien tiene derecho a conocer distintas versiones de los hechos, a contrastar opiniones y a formar su propio criterio. Nadie debería decidir por él qué puede leer, escuchar o compartir.
La mejor respuesta frente a la desinformación no es la censura, sino más información, más transparencia y mayor rendición de cuentas. Los gobiernos democráticos deben convencer con argumentos, no imponer silencios mediante regulaciones que puedan convertirse en instrumentos de control político.
Defender la libertad de expresión no significa estar de acuerdo con todo lo que se publica. Significa reconocer que una sociedad libre necesita voces diversas, incluso aquellas que incomodan al poder. Porque cuando comienza a limitarse el derecho de unos a expresarse, tarde o temprano el derecho de todos termina estando en riesgo. ¿No cree usted?
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