En Morelos comienza a enredarse cada vez más la propuesta para crear un nuevo Instituto de Pensiones. Lo que en principio podría representar una oportunidad para ordenar las finanzas y dar viabilidad al sistema de jubilaciones, amenaza con convertirse en un conflicto social de grandes dimensiones, por la forma en que se pretende impulsar y por las dudas que genera entre miles de trabajadores y pensionados.
Nadie puede negar que es necesaria una revisión profunda del sistema de pensiones. Durante muchos años hubo decisiones políticas que hoy pesan sobre las finanzas públicas. Es un secreto a voces que existieron jubilaciones otorgadas sin que se cumplieran plenamente los requisitos legales, producto de una época en la que algunos diputados hicieron de la simulación, la negociación y el engaño una práctica común. Si existen irregularidades comprobables en esos casos, deben revisarse conforme a la ley y respetando el debido proceso.
Sin embargo, una cosa es investigar posibles abusos y otra muy distinta afectar los derechos de quienes durante décadas trabajaron honestamente, cumplieron con todos los requisitos legales y hoy reciben una pensión legítimamente obtenida. No puede meterse a todos en el mismo saco.
La Constitución es muy clara. El artículo 14 establece el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de las personas. En otras palabras, ningún decreto o reforma puede desconocer derechos adquiridos de manera legal. Quien obtuvo una pensión, conforme a la legislación vigente en su momento, tiene una protección constitucional que no puede desaparecer por la simple voluntad de un gobierno o por la necesidad de equilibrar las finanzas públicas.
También llama la atención que la iniciativa, según ha trascendido, establezca excepciones para determinados sectores, como las Fuerzas Armadas. Ello abre un debate sobre el principio de igualdad jurídica. El artículo 1° de la Constitución establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la propia Constitución y queda prohibida cualquier forma de discriminación. Si el nuevo esquema pretende aplicarse únicamente a unos trabajadores y excluir a otros sin una justificación constitucional suficiente, inevitablemente surgirán cuestionamientos jurídicos. A ello se suma otro ingrediente que comienza a generar inconformidad. Cada vez son más insistentes los rumores de que algunos líderes sindicales están siendo presionados o incluso convencidos para no oponerse al proyecto. Hasta ahora se trata de versiones que deberán comprobarse, pero el simple hecho de que circulen con tanta fuerza demuestra el ambiente de desconfianza que existe entre la base trabajadora.
Los jubilados ya empiezan a organizar reuniones. Hablan de defensa jurídica, de movilizaciones y de acudir a los tribunales si consideran que sus derechos están siendo vulnerados. Nadie debería sorprenderse. Cuando se toca el patrimonio de quienes dedicaron treinta o cuarenta años al servicio público, la reacción es natural.
Lo preocupante es que este tema surge en un momento especialmente delicado para Morelos. La entidad enfrenta problemas de gobernabilidad en distintas regiones; persiste la violencia, y prácticamente todos los días se registran homicidios dolosos que mantienen a la población con una profunda sensación de inseguridad. Más allá de las cifras oficiales, la percepción ciudadana es que la violencia continúa afectando la vida cotidiana.
Frente a ese escenario, abrir un nuevo frente de conflicto con miles de trabajadores activos y pensionados parece una decisión poco prudente. Gobernar también significa saber medir los tiempos políticos y sociales.
El problema de fondo no es únicamente financiero. Es un asunto de confianza. Los trabajadores necesitan tener la certeza de que las reglas del juego no cambiarán cuando ya cumplieron su parte del contrato con el Estado. De lo contrario, ¿qué incentivo tendrán las nuevas generaciones para dedicar su vida al servicio público?
Si existen pensiones irregulares, que se investiguen. Si hubo funcionarios o legisladores que actuaron al margen de la ley, que respondan por sus actos. Pero castigar de manera generalizada a quienes sí cumplieron sería no sólo injusto, sino probablemente inconstitucional.
Todavía hay tiempo para corregir el rumbo. El diálogo con sindicatos, pensionados, especialistas y organizaciones civiles puede evitar un conflicto mayor. Un tema tan delicado no puede resolverse con prisas ni mediante acuerdos en lo oscurito. La transparencia debe ser la regla porque, al final, sigue vigente la pregunta: ¿vale la pena abrir una confrontación con miles de trabajadores, cuando Morelos enfrenta tantos otros problemas que exigen atención inmediata? Esa es una decisión que el gobierno deberá valorar con enorme responsabilidad. De eso dependerá que el nuevo instituto nazca como una solución o se convierta, desde su origen, en una fuente permanente de conflicto social. ¿No cree usted?
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