El debate sobre las contrataciones del Instituto Nacional Electoral exige distinguir dos cosas que algunos quieren mezclar: una es contratar a empresas especializadas cuando Talleres Gráficos de México no tiene capacidad suficiente para atender todos los pedidos; otra, muy distinta, es permitir negocios irregulares con recursos públicos.
En una elección concurrente, el INE organiza los comicios federales y los organismos públicos locales electorales —los OPLE— se encargan de los estatales. Si Talleres Gráficos no puede producir y entregar a tiempo toda la documentación requerida por el Instituto y por cada entidad, ¿qué alternativa queda? Acudir a las empresas que cuentan con maquinaria, experiencia y capacidad instalada. Que sean pocas y concentren el mercado es un problema que debe atenderse, pero la contratación de proveedores privados, por sí sola, no prueba un delito.
Lo que debe investigarse son los contratos concretos: cómo se adjudicaron, quiénes participaron en las decisiones, qué servicios se recibieron y si se pagó por trabajos efectivamente realizados. La Auditoría Superior de la Federación ha señalado posibles irregularidades en contratos del INE, entre ellas deficiencias de comprobación y supervisión. El Órgano Interno de Control también reportó investigaciones sobre funcionarios y empresas. Son señalamientos que deben esclarecerse con documentos y procedimientos, no con condenas anticipadas ni con excusas políticas.
Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del Instituto en medio de este escándalo. Su salida no resuelve las preguntas ni equivale a una sentencia. Tampoco corresponde calificarla de delincuente antes de que concluyan las investigaciones. Pero sí es legítimo exigir que se determine si hubo conflictos de interés, pagos injustificados o un uso indebido del cargo. Si las autoridades acreditan responsabilidades, deben aplicar la ley, sin importar la filiación política de las personas involucradas.
También merece atención lo ocurrido en Talleres Gráficos. El organismo público fue presentado como una opción para reducir la dependencia de proveedores privados, pero reportes recientes señalan que, al enfrentar límites de capacidad, recurrió a la subcontratación de una empresa del mismo sector. La ASF presentó una denuncia relacionada con ese contrato. Esto demuestra que trasladar la producción al Estado no elimina automáticamente los riesgos: hacen falta capacidad real, reglas claras y vigilancia pública.
Lo preocupante es que la discusión se convierta en una operación para buscar culpables convenientes o para deslindar a unos y cargar toda la responsabilidad sobre otros. Desde el poder se habla de investigar las contrataciones y de reformar el sistema; al mismo tiempo, algunos actores parecen interesados en convertir cada irregularidad en argumento para desacreditar al INE completo. Una cosa no justifica la otra.
El Instituto debe rendir cuentas. La autonomía no significa impunidad. Pero tampoco se puede usar un caso bajo investigación para sembrar la idea de que la autoridad electoral independiente es inútil y que conviene devolverle al gobierno en turno el control de las elecciones.
Antes de 1990, el gobierno organizaba los comicios. La creación del IFE respondió precisamente a la exigencia de que quien compite por el poder no sea también quien cuente los votos. Esa conquista no debe perderse entre consignas, acusaciones sin sentencia y reformas hechas al calor de un escándalo.
La ciudadanía no necesita que le digan a quién creer. Necesita expedientes abiertos, auditorías completas, explicaciones públicas y sanciones si se prueban responsabilidades. La contratación de empresas puede ser necesaria; los negocios indebidos, no. Y si hubo robo o corrupción, que se demuestre y se castigue. Ningún movimiento político, por poderoso que sea, debe servir de escudo.
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