La mayor crisis que enfrenta hoy cualquier gobierno no siempre es financiera, política o de seguridad. La más profunda y difícil de resolver es la pérdida de credibilidad. Cuando la ciudadanía deja de creer en la palabra de sus autoridades, cualquier anuncio oficial, por bien intencionado que sea, termina recibiéndose con desconfianza. Eso es precisamente lo que ocurre en Morelos.
No se trata únicamente del debate sobre el sistema de pensiones. Tampoco es un asunto exclusivo del incremento a las tarifas del transporte público. Es la suma de promesas incumplidas, de mensajes contradictorios y de decisiones que, desde la percepción de muchos ciudadanos, terminan siendo distintas a lo que inicialmente se anunció.
La confianza pública no se construye con conferencias de prensa ni con campañas de comunicación. Se gana con hechos. Cuando durante años la población observa que una cosa se promete y otra termina ocurriendo, es natural que aparezca el escepticismo. El ejemplo más reciente es la discusión sobre las pensiones, pues las autoridades insisten en que no existe intención de afectar los derechos de los pensionados. Sin embargo, el solo hecho de que exista un proyecto legislativo o propuestas de modificación ha despertado preocupación entre miles de trabajadores retirados. La reacción social no surge de la nada, responde a experiencias previas en distintos niveles de gobierno que han alimentado la desconfianza.
Para muchos pensionados, la pensión representa el patrimonio construido durante décadas de trabajo. Ellos consideran que se trata de un derecho adquirido y que cualquier cambio debe analizarse con absoluto respeto al marco jurídico y a los derechos previamente reconocidos. Al mismo tiempo, también existe la percepción de que en el pasado hubo casos de jubilaciones otorgadas de manera irregular o sin cumplir plenamente los requisitos legales. Si existen esas situaciones, corresponde a las autoridades revisarlas conforme a la ley, diferenciándolas de quienes obtuvieron su pensión de manera legítima. Mezclar ambos casos sólo incrementa la incertidumbre.
La misma falta de confianza se observa en el tema del transporte público. Durante meses se aseguró que cualquier ajuste respondería a mejoras en el servicio.
Sin embargo, una parte importante de la ciudadanía considera que el incremento en las tarifas no ha venido acompañado de un cambio visible en las condiciones de las unidades, la seguridad o la calidad del servicio. Esa percepción alimenta la idea de que las promesas oficiales no terminan reflejándose en la realidad cotidiana.
Cuando las personas sienten que no fueron escuchadas, difícilmente aceptan los argumentos del gobierno. El problema deja de ser técnico y se convierte en un conflicto de confianza. Lo preocupante es que esta situación no es exclusiva de Morelos. En distintas partes del país la distancia entre gobernantes y ciudadanos se ha ido ampliando. Sin embargo, eso no debe servir como justificación. Cada administración tiene la responsabilidad de construir credibilidad mediante el diálogo permanente y la transparencia.
Hoy no basta con instalar una sola mesa de diálogo para afirmar que el problema está resuelto. La complejidad del tema exige escuchar a trabajadores, pensionados, sindicatos, especialistas en asuntos laborales, organizaciones civiles y representantes sociales. Las decisiones que afectan el patrimonio de miles de familias requieren procesos abiertos, información clara y disposición para modificar propuestas cuando existan argumentos sólidos.
Negociar no significa imponer una decisión previamente tomada. Negociar implica escuchar, conciliar y construir acuerdos. Esa capacidad parece ser una de las mayores carencias de la administración estatal. Cuando falta interlocución, cualquier diferencia termina convirtiéndose en un conflicto político y social. A esto se suma el problema de la inseguridad, que continúa siendo una de las principales preocupaciones de los morelenses. Si la incertidumbre sobre las pensiones se combina con el malestar por el transporte y con la percepción de inseguridad, el resultado puede ser un ambiente social cada vez más complicado.
Todavía hay tiempo para corregir el rumbo, pero eso exige reconocer que la confianza no se decreta, se recupera con decisiones claras, con información verificable y con una disposición genuina para dialogar.
La ciudadanía no espera gobiernos perfectos. Espera gobiernos que hablen con la verdad, que expliquen sus decisiones y que cumplan su palabra. Esa es la base de cualquier democracia sólida. Morelos necesita recuperar ese vínculo entre sociedad y autoridades, porque cuando la confianza desaparece, cualquier política pública encuentra resistencia. Y cuando la palabra oficial deja de ser creíble, gobernar se vuelve mucho más difícil.
La gobernabilidad no depende únicamente de leyes o mayorías legislativas. Depende, sobre todo, de la confianza ciudadana. Mientras esa confianza no se reconstruya, cualquier reforma enfrentará dudas, cualquier anuncio será cuestionado y cualquier explicación será recibida con escepticismo.
Cambiar esa realidad exige un nuevo estilo de gobierno con menos discursos y más resultados; menos confrontación y más conciliación; menos promesas y más cumplimiento. Sólo así podrá comenzar a recuperarse una confianza que, hoy por hoy, muchos morelenses consideran seriamente deteriorada. Por eso, la confianza no existe pues las autoridades estatales dicen una cosa y hacen otra, todo por actuar como el gobierno Federal, al que tienen que imitar a como dé lugar aunque se equivoque. La razón de los recelos de la ciudanía está en poner a una líder de cuarta a querer cambiar la decisión de un grupo que perdería lo ya ganado, y su tranquilidad financiera no da certeza, sino que acelera la desconfianza. ¿No cree usted?
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