Vivencias ciudadanas: ¿Funciona la fiscalía anticorrupción?

La sensación ciudadana es clara: hay muchas denuncias, pero pocas respuestas. Explicar por qué ocurre esto requiere atender varios frentes —institucionales, políticos, operativos y culturales— que se entrelazan y alimentan la impunidad en el estado de Morelos. Falta independencia real. Formalmente existe una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), pero su autonomía se ve limitada por nombramientos y redes políticas que influyen en prioridades y en la selección de casos. Cambios frecuentes en la titularidad y vínculos políticos erosionan la percepción —y muchas veces la realidad— de independencia. Esto dificulta investigar a funcionarios poderosos o a grupos con influencia local. Tenemos problemas de capacidad técnica y humana. Investigar corrupción exige peritos, auditores, manejo de pruebas digitales, rastreo financiero y personal formado en investigación económica. En Morelos hay quejas sobre insuficiente personal especializado, rotación y formación deficiente; las carpetas abiertas crecen más rápido que la capacidad de procesarlas hasta llegar a una sentencia. Sin equipos técnicos adecuados, las denuncias se estancan en etapas iniciales. Los recursos presupuestarios son limitados y mal distribuidos. Aunque algunas fiscalías presumen avances, el presupuesto real destinado a investigar corrupción —tanto en personal como en tecnología y peritajes— suele ser insuficiente o llegar tarde. La falta de partidas claras para investigación y el subejercicio o reasignación de fondos erosiona investigaciones complejas que requieren tiempo y dinero. Tenemos una excesiva burocracia y trabas procesales. El marco legal y los procedimientos administrativos en muchos casos complican la recolección y preservación de pruebas. Además, la coordinación interinstitucional (entre auditorías, contralorías, fiscalía estatal y la federación) es deficiente, la información que podría conectar delitos administrativos con ilícitos penales muchas veces no fluye eficientemente, lo que genera duplicidad, retrasos y pérdida de evidencia. Parece que existe una cultura de la impunidad y miedo a investigar. En contextos donde investigar a los poderosos implica riesgos (presiones políticas, amenazas o represalias), los funcionarios y ministerios públicos pueden optar por no perseguir casos complejos. El resultado se traduce en denuncias que sirven de “expediente” simbólico, pero que no llegan a judicializarse o no alcanzan sentencias ejemplares, lo que desincentiva denunciar. Un reportaje local documentó años de carpetas judicializadas, pero con muy pocas sentencias firmes, reforzando la idea de “la fiscalía que no acusa”. Hay un enfoque en la cantidad sobre la calidad. La existencia de miles de denuncias, incluidas muchas anónimas o con pruebas débiles, puede inflar estadísticas pero también saturar la capacidad investigadora. Sin filtros técnicos tempranos y sin criterios claros de priorización (por daño al erario, gravedad o riesgo de fuga de pruebas), los expedientes se amontonan y los casos estratégicos quedan sin avance. Es necesario combatir la poca transparencia y rendición de cuentas interna. Cuando la propia fiscalía no publica indicadores detallados (tiempos de resolución, etapas en que se bloquean casos y motivos de archivo) es difícil para la sociedad evaluar dónde falla el proceso. La opacidad facilita narrativas que culpan sólo a “la gente” o a los denunciantes, en lugar de analizar fallas institucionales objetivas. Será necesario blindar nombramientos y garantizar selecciones por méritos, y no por lealtades. Aumentar y etiquetar presupuesto para peritajes financieros y tecnología forense. Crear protocolos de coordinación rápida entre auditoría, contraloría y fiscalía para preservar y cruzar evidencia. Publicar indicadores de gestión y casos concentrados (qué se prioriza y por qué) para abrir evaluación ciudadana. Capacitación sostenida en investigación patrimonial y delitos complejos, con retención de talento. Morelos va por buen camino, pero las autoridades de tercer nivel no funcionan al ritmo que marca el ejecutivo, los funcionarios de la fiscalía anticorrupción no padecen un solo mal, sino una combinación tóxica formada por un diseño institucional débil, recursos insuficientes, barreras procesales y una cultura de impunidad que se retroalimenta. Mientras esas piezas no se toquen de forma coordinada —y con vigilancia ciudadana—, las denuncias seguirán aumentando sin que la mayoría se traduzca en justicia efectiva. La solución exige política pública, recursos, profesionalización y valentía institucional; y, sobre todo, que la investigación sea vista como un deber de Estado, no como un instrumento político. ¿No cree usted? En tema aparte, excelente la cena maridaje promovida por la líder de CANACINTRA con comida morelense y vinos de Rivera del Duero; es un ejemplo de lo que se puede hacer y hacer bien. Felicidades, Karla García Olguín.