En medio de la discusión sobre la nueva reforma electoral ha comenzado a circular una propuesta que, bajo el argumento del ahorro presupuestal, pretende hacer desaparecer de manera permanente las 300 juntas distritales del país. La medida se vende como eficiencia administrativa, como simplificación burocrática y como un paso hacia la austeridad. Pero detrás del discurso económico se esconde un error estructural que podría poner en riesgo la organización misma de las elecciones en México.
Conviene aclarar algo fundamental: las juntas distritales no son oficinas decorativas ni estructuras redundantes. En ellas trabaja el Servicio Profesional Electoral; es decir, los funcionarios de carrera que conocen el territorio, la geografía electoral, la dinámica social de cada distrito y, en los hechos, organizan las elecciones. Son quienes instalan casillas, capacitan funcionarios, supervisan la integración de paquetes electorales, coordinan recorridos, verifican domicilios y resuelven incidentes operativos en campo. Son la columna vertebral técnica del sistema electoral.
Las juntas locales, en cambio, cumplen la función distinta de supervisar y coordinar. No organizan directamente la elección sección por sección; no recorren comunidades rurales; no conocen cada colonia conflictiva ni cada zona de difícil acceso. Su función es de enlace y vigilancia administrativa. Son necesarias, sí, pero su papel no es operativo en el terreno cotidiano.
Eliminar las juntas distritales bajo el argumento del ahorro es desconocer cómo funciona realmente el engranaje electoral. No se trata de oficinas duplicadas, se trata del nivel operativo donde verdaderamente se construye la elección. Pretender centralizar todo desde las juntas locales sería como querer dirigir una obra de ingeniería sin ingenieros en el sitio, confiando en que desde la oficina central se resolverán los problemas del terreno.
México no es un país homogéneo. Organizar elecciones en la sierra de Guerrero no es lo mismo que hacerlo en el centro de Monterrey; tampoco es igual en comunidades indígenas que en zonas urbanas densamente pobladas. Esa diversidad la conocen quienes trabajan permanentemente en los distritos. Son ellos quienes saben qué sección es conflictiva, en dónde históricamente se instalan mal las casillas, qué rutas se inundan, qué comunidades requieren traductores o mediación especial.
Desaparecer esas estructuras permanentes implicaría improvisar cada proceso electoral. Se tendría que contratar personal temporal sin experiencia acumulada, capacitar desde cero y reconstruir redes de conocimiento territorial cada tres o seis años. El supuesto ahorro podría convertirse en mayor costo, mayor riesgo y mayor vulnerabilidad ante errores o presiones políticas.
Y aquí está el punto de fondo. Cuando se trata de democracia, el criterio no puede ser exclusivamente financiero. Si resolver un problema político o garantizar estabilidad democrática cuesta dinero, es porque debe costarlo. La organización electoral no es un gasto superfluo, es una inversión en paz social. Cada elección bien organizada evita conflictos postelectorales, disputas legales interminables y desconfianza ciudadana.
Paradójicamente, si el verdadero objetivo fuera el ahorro, tendría más sentido revisar la estructura de las juntas locales, cuya función es principalmente supervisora. Reducir niveles intermedios de control podría generar economías sin afectar la operación en campo. Pero eliminar las distritales significa desmantelar el nivel donde efectivamente se construye la elección.
No se debe confundir austeridad con debilitamiento institucional. La democracia mexicana ha atravesado décadas de construcción institucional precisamente para profesionalizar la organización electoral y alejarla de la improvisación política. Las juntas distritales son producto de esa evolución. Son el resultado de entender que las elecciones no se organizan desde un escritorio central, sino en el territorio.
Además, eliminar estructuras permanentes abre la puerta a algo aún más delicado: la pérdida de memoria institucional. El Servicio Profesional Electoral no sólo ejecuta tareas técnicas, acumula experiencia, protocolos, criterios y soluciones a problemas específicos que no aparecen en manuales. Ese capital humano es difícil de sustituir y más difícil aún de reconstruir si se desmantela.
Quienes hoy plantean esta reforma deberían preguntarse si el ahorro que se busca compensa el riesgo de debilitar la operación electoral. La confianza en las elecciones no se sostiene en discursos, sino en estructuras sólidas. Y esas estructuras tienen nombre y apellido: Juntas Distritales.
En tiempos donde la polarización política crece y la desconfianza institucional es un problema real, desmontar el andamiaje técnico que garantiza elecciones confiables parece una decisión poco prudente. La democracia cuesta, sí. Pero la improvisación cuesta más.
Si el objetivo es fortalecer al país, la discusión debe centrarse en mejorar la eficiencia sin comprometer la operación territorial. Lo contrario no sería una reforma modernizadora, sino un retroceso que podría pagarse caro en legitimidad y estabilidad; si no, al tiempo. Dieciséis años de experiencia en la materia me permiten opinar. ¿No cree usted?
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