El segundo aniversario de una administración siempre invita a presentar balances. En seguridad, las cifras merecen revisarse con cuidado: el Gobierno de Morelos informó que el promedio diario de homicidios dolosos bajó 51 por ciento, de 4.3 casos en noviembre de 2024 a 2.1 en julio de 2026. Es un dato relevante y debe reconocerse. Pero un promedio no describe por sí solo todo lo que ocurre en el estado ni responde todas las preguntas de la ciudadanía.
La preocupación no se limita al número de homicidios. Este domingo se difundió un análisis independiente sobre el control del crimen organizado que coloca a
Morelos en cuarto lugar nacional, con 78 puntos. La lista reportada ubica primero a Colima, con 92; después a Sinaloa, con 88; y a Guanajuato, con 86. Conviene precisar el dato: Morelos no aparece en tercer lugar en ese índice, y los 78 puntos tampoco significan que 78 por ciento del territorio esté bajo control criminal.
El índice compuesto considera factores que no se reducen a los homicidios: cobro de piso, retenes ilegales, control de actividades económicas y restricciones a la movilidad, entre otros. Por eso mide una dimensión distinta de la que reflejan las cifras oficiales de víctimas. No hay que poner ambos datos a competir como si uno invalidara al otro: juntos muestran que la seguridad exige mirar tanto la violencia letal como la capacidad de los grupos criminales para imponer condiciones en la vida cotidiana.
Los hechos recientes recuerdan la urgencia de esa evaluación. El jueves 1 de octubre, medios reportaron una jornada violenta en distintos municipios de Morelos. Los recuentos publicados no coincidieron: uno habló de ocho personas asesinadas y otro de nueve. No encontré confirmación suficiente para afirmar que fueron trece en un solo día. La diferencia también obliga a preguntar qué cifras consolidadas maneja la autoridad y con qué fecha de corte.
Nada de esto exige descalificar el balance gubernamental ni desconocer una disminución estadística. Exige explicar con claridad qué se está midiendo, durante qué periodo y con qué método. Comparar noviembre de 2024 con julio de 2026 puede mostrar una tendencia; no permite concluir, por sí solo, que el problema está resuelto ni que todos los municipios viven la misma realidad.
La respuesta debe ser institucional. La Secretaría de Seguridad, la Fiscalía y las autoridades municipales pueden presentar datos comparables, desglosados por región y por delito; explicar cómo se atienden la extorsión y el cobro de piso, y dar cuenta de las investigaciones y detenciones. También hace falta informar qué resultados tuvieron los operativos y cómo se protege a quienes denuncian. Un promedio estatal no debe ocultar diferencias entre municipios ni experiencias que las familias viven todos los días.
Celebrar dos años de trabajo es legítimo. Rendir cuentas con precisión también lo es. Si el promedio de homicidios bajó, que se explique cómo se logró y cómo se sostendrá; si persiste el control criminal en algunas zonas, que se diga dónde y qué se hará al respecto. La ciudadanía necesita más que una cifra favorable o una jornada alarmante: necesita información verificable, presencia institucional y resultados que pueda reconocer en su vida diaria. El balance será más sólido cuando las estadísticas y la seguridad cotidiana empiecen a contar la misma historia.
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