A tres meses de iniciarse formalmente el proceso electoral que culminará en 2027, Morelos vive uno de los momentos más complicados de su historia reciente. La gobernabilidad se descompone a pasos acelerados, mientras los partidos políticos comienzan a mover sus piezas y los aspirantes a los distintos cargos de elección popular intentan posicionarse ante una ciudadanía cansada, desconfiada y profundamente decepcionada de su clase política.
El panorama es desalentador. Hay municipios donde los alcaldes simplemente no pueden con el cargo; otros donde los presidentes municipales viven enfrentados con sus cabildos, con los trabajadores o con los propios ciudadanos; y algunos más donde pareciera que no existe autoridad alguna. La inseguridad continúa creciendo, la obra pública es escasa, los servicios municipales se deterioran y el enojo social aumenta día con día.
En ese ambiente comenzarán las campañas. Por eso resulta casi irónico escuchar a dirigentes partidistas afirmar que buscarán candidatos “honestos”, “limpios” y “sin mala fama”. La pregunta inevitable es: ¿de dónde los van a sacar? Porque si uno revisa los nombres que ya empiezan a sonar en los cafés políticos, en reuniones privadas y en los corrillos del poder, cuesta mucho trabajo encontrar a alguien capaz de aventar la primera piedra.
La política mexicana, y particularmente la morelense, arrastra desde hace años un problema severo de credibilidad. Muchos de los aspirantes tienen antecedentes cuestionables, señalamientos de corrupción, acusaciones de abuso de poder o vínculos incómodos que jamás terminaron de aclararse. Y aun aquellos que intentan venderse como “nuevos perfiles” suelen cargar con uno o dos colaboradores cuya reputación termina por hundir cualquier discurso de honestidad.
Uno de los grandes dilemas de la próxima elección será la falta de figuras verdaderamente confiables, porque además ya no basta con que el candidato trate de cuidar su imagen. Hoy la ciudadanía revisa el entorno completo. Quiere saber quién financia, quién acompaña, quién opera y quién mueve los hilos detrás de cada proyecto político. Y ahí es donde comienzan los problemas para prácticamente todos los partidos.
Morena, que mantiene la mayoría en la Cámara de Diputados federal y domina buena parte del escenario político nacional, ha impulsado reformas constitucionales, cambios legales y modificaciones profundas al sistema político mexicano. Sin embargo, hay un tema fundamental que sigue sin resolverse y que representa quizá el principal riesgo para las elecciones futuras: la entrada de dinero del narcotráfico a las campañas. Ése es el verdadero elefante en la sala.
Mucho se habla de austeridad, de combate a la corrupción y de moral política, pero muy poco se legisla de manera efectiva para impedir que el crimen organizado financie candidatos, compre estructuras electorales o capture gobiernos municipales y estatales. El problema no es nuevo, pero en cada elección parece agravarse más.
Resulta imposible no preguntarse si realmente existe voluntad política para enfrentar ese fenómeno o si, en el fondo, a muchos sectores les conviene mantener las cosas como están, porque el dinero ilícito no entra solo a una campaña. Exige favores, protección, contratos, control territorial y complicidades. Cuando un grupo criminal invierte millones en un proceso electoral no lo hace por simpatía ideológica, lo hace porque espera recuperar con creces esa inversión una vez que el candidato llegue al poder. Y ahí es donde la democracia comienza a deformarse peligrosamente.
Los ciudadanos terminan votando sin saber realmente quién está detrás de los candidatos. Los partidos se convierten en simples franquicias electorales, donde lo importante no es la capacidad o la honestidad del aspirante, sino su posibilidad de movilizar recursos económicos. Y mientras tanto, las autoridades electorales parecen rebasadas o simplemente limitadas para investigar a fondo el origen del dinero.
En Morelos, el riesgo es todavía mayor debido al tamaño del estado y a la presencia histórica de grupos criminales que disputan territorios, rutas y espacios de influencia. Los municipios pequeños son especialmente vulnerables porque las campañas cuestan menos y el control político puede obtenerse con relativa facilidad. Por eso preocupa tanto el silencio legislativo sobre este tema.
Se modifican leyes electorales, se cambian reglas internas de los partidos, se discuten reformas judiciales y se polariza el debate público, pero el financiamiento ilegal sigue siendo una herida abierta que amenaza la legitimidad de cualquier elección futura. Y, mientras eso ocurre, los ciudadanos observan con creciente escepticismo. Muchos sienten que votar ya no cambia demasiado porque, gane quien gane, los problemas continúan. La inseguridad sigue presente, la corrupción no desaparece y la distancia entre gobernantes y sociedad parece cada vez mayor.
El proceso electoral de 2027 no será solamente una disputa por cargos públicos. Será también una prueba de resistencia para las instituciones y para la propia democracia mexicana. Si los partidos insisten en reciclar figuras desgastadas, si continúan privilegiando acuerdos oscuros y si no existe una verdadera estrategia para impedir la infiltración del dinero criminal, el desencanto ciudadano podría crecer hasta niveles peligrosos, porque una sociedad que deja de creer en sus elecciones comienza también a perder confianza en sus gobiernos, en sus leyes y en sus instituciones. Y eso, más que cualquier confrontación política, representa el verdadero riesgo para el futuro de Morelos y del país. ¿No cree usted?
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