En los últimos años se ha repetido hasta el cansancio que la honestidad es el principal valor del servicio público. Todos los días escuchamos discursos donde se condena la corrupción y se asegura que primero están los pobres, que el gobierno es distinto y que quienes hoy toman las decisiones representan una nueva forma de hacer política. Sin embargo, cuando uno observa la realidad y la vive en carne propia, la pregunta surge inevitablemente: ¿de qué sirve haber sido honesto?
Durante más de treinta o mas hemos sido mucos los que hemos trabajado en el gobierno. yo hice convencido de que el servicio público era precisamente eso: servir a la sociedad con responsabilidad y transparencia. En ese tiempo tuve la oportunidad de desempeñar distintos cargos, incluyendo uno en el que manejé millones de pesos de recursos públicos. Mi trabajo fue revisado en trece auditorías y no hubo una sola observación que señalara irregularidades. Nunca me robé un centavo y jamás utilicé una posición para obtener privilegios personales.
Hoy, despues llegar a la jubilación hace 23 años, descubro que todo ese esfuerzo y esa conducta recta parecen no tener ningún valor. Una decisión tomada desde el poder, con el argumento de la austeridad o del combate a antiguos abusos, pretende reducir derechos adquiridos por quienes durante décadas cumplimos con la ley. Sin deberla ni temerla, uno termina siendo tratado igual que aquellos que sí abusaron del sistema.
Es cierto, nadie puede negar que en el pasado hubo quienes obtuvieron jubilaciones mediante influencias, favoritismos o interpretaciones acomodaticias de la norma. Hubo excesos y privilegios que debieron corregirse. Pero una cosa es corregir las irregularidades y otra muy distinta castigar a todos por igual. En cualquier sociedad que se diga democrática y respetuosa del Estado de derecho, los justos no deberían pagar por los pecadores.
La Constitución es muy clara. El artículo 14 establece que ninguna ley puede aplicarse en perjuicio de persona alguna de manera retroactiva. Ese principio existe para brindar certeza jurídica y proteger los derechos adquiridos. Sin embargo, pareciera que cuando la necesidad política o económica aprieta, los principios constitucionales pasan a segundo término y lo importante es obedecer la instrucción del momento.
Lo más preocupante es la actitud de muchos funcionarios y legisladores que se presentan como defensores del pueblo. En lugar de analizar si una medida es justa o si vulnera derechos, simplemente levantan la mano y aprueban lo que les indican. El discurso del federalismo y de que somos un estado libre y soberano queda reducido a una frase bonita cuando las decisiones se toman para quedar bien con el poder central, sin importar las consecuencias para miles de familias.
Da la impresión de que el dinero se ha convertido en el principal objetivo. Hay que ahorrar recursos, no para fortalecer las instituciones o garantizar mejores servicios, sino para mantener una estructura política que asegure el respaldo electoral. El presupuesto deja de verse como una herramienta para el desarrollo y se convierte en un instrumento para conservar lealtades. Mientras tanto, a quienes trabajaron honestamente durante toda una vida se les pide sacrificio, paciencia y comprensión.
Entonces uno vuelve a hacerse la misma pregunta: ¿de qué sirve ser honesto? Si después de más de tres décadas de trabajo limpio, de manejar recursos públicos sin una sola mancha, de superar auditorías sin observaciones y de vivir siempre dentro de las posibilidades propias, el premio es que te cambien las reglas del juego cuando ya cumpliste con todas las obligaciones.
Porque la honestidad no se demuestra con discursos. Se demuestra en los hechos. Se demuestra respetando la ley, aunque resulte incómoda. Se demuestra defendiendo los derechos de quienes actuaron correctamente y sancionando únicamente a quienes abusaron del sistema. La honestidad no puede ser una bandera electoral que se agita en campaña y se guarda en el cajón cuando llega el momento de gobernar.
Muchos ciudadanos nos damos cuenta de las contradicciones. Vemos cómo algunos personajes cercanos al poder prosperan de manera inexplicable, cómo florecen negocios y relaciones privilegiadas al amparo de cargos públicos, mientras al ciudadano común se le exige resignación y sacrificio. La percepción de que existen dos varas para medir la conducta pública se fortalece cada día.
En lo personal, sigo viviendo en la misma casa de siempre. Manejo un automóvil con varios años encima. No tengo lujos, ni propiedades ocultas, ni cuentas millonarias. Lo único que poseo es la tranquilidad de saber que nunca me llevé lo que no era mío y que cumplí con mi deber. Pero también tengo el derecho de preguntarme si esa honestidad realmente vale algo para quienes hoy gobiernan.
Porque, al final, pareciera que el mensaje es exactamente el contrario: que da lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas mal; que los gobiernos cambian de color, pero las prácticas políticas se parecen demasiado; que las promesas de poner primero a los pobres y de construir un país más justo terminan chocando con decisiones que afectan precisamente a quienes confiaron en las instituciones.
Quizá por eso tantos mexicanos sienten desencanto. No porque se opongan a los cambios o a combatir los privilegios indebidos, sino porque esperan que la justicia sea verdadera y no selectiva. Que se castigue al corrupto, pero que se respete al honesto. Que se corrijan los abusos, pero sin pisotear derechos. Y que, alguna vez, la honestidad deje de ser solo un discurso y se convierta en una convicción auténtica de quienes ejercen el poder. ¿No cree usted?.
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