La crisis salarial de la UAEM exige diálogo y cuentas claras; cerrar los accesos hasta dejar atrapados a docentes, alumnos y trabajadores no puede convertirse en una forma aceptable de presión.
¿Qué pasa en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos? La pregunta no es exagerada. Este lunes, la protesta de trabajadores administrativos en el campus Chamilpa volvió visible una crisis que llevaba días gestándose, cuando docentes y personal quedaron dentro de las instalaciones mientras los accesos vehiculares permanecían cerrados. Algunos, según testimonios, tuvieron que dejar sus automóviles, salir caminando, buscar transporte y volver hasta entrada la noche por sus vehículos. Quienes habían llegado a impartir clase a las once de la mañana o al mediodía vieron alterada toda su jornada.
La exigencia sindical tiene un origen concreto. El Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UAEM reclama que los salarios de algunas categorías se nivelen al mínimo general vigente y que se cubra el retroactivo correspondiente. La dirigencia ha señalado que alrededor de mil 100 trabajadores en activo reciben cerca de 289 pesos diarios y que el adeudo por nivelación y retroactivos ronda los 28 millones de pesos. La Rectoría, de acuerdo con lo informado públicamente, respondió que no dispone de recursos para pagar de inmediato. El sindicato pide fechas y compromisos por escrito; y también emplazó a huelga para el 10 de diciembre, con una audiencia de conciliación prevista para el 18 de noviembre.
Es necesario decir con claridad que el reclamo salarial no debe descalificarse. Si hay trabajadores que perciben menos que el mínimo legal, la institución debe explicar cómo llegó a esa situación y qué hará para corregirla. Pero también es legítimo preguntar por qué una diferencia que se arrastra desde hace tiempo llegó al punto de cerrar entradas y dejar a personas sin una salida vehicular segura. El derecho a protestar no borra la responsabilidad de cuidar a quienes estudian y trabajan en el campus.
Una universidad no puede funcionar a base de cierres sorpresivos, asambleas sin interlocución efectiva y respuestas que se limitan a decir que no hay dinero. Tampoco se resuelve una demanda laboral escondiendo el problema detrás de la falta de presupuesto. Rectoría debe presentar cifras verificables sobre a quiénes afecta la nivelación, cuánto cuesta por categoría, qué recursos existen y cuáles gestiones se han hecho ante los gobiernos estatal y federal. Si las cuentas no alcanzan, hace falta un calendario público, con responsables y fechas, no una promesa verbal que se diluya al terminar la reunión.
A la vez, la dirigencia sindical debe asegurar que la protesta no impida la salida de personas ni comprometa su seguridad. El cierre de accesos vehiculares puede ser una medida de presión, pero debe existir una ruta peatonal abierta y señalizada, personal que informe y apoyo para quienes tienen movilidad limitada o necesitan atención urgente. Nadie debería quedar atrapado dentro de su centro de trabajo por horas. Las autoridades universitarias tienen que establecer un protocolo de contingencia que se aplique en cada protesta y preserve la integridad de estudiantes, docentes, trabajadores y visitantes.
¿Quién pone orden? No se trata de ordenar a golpes ni de criminalizar la protesta. Se trata de que la Rectoría asuma su papel, que convoque de inmediato a la dirigencia del STAUAEM y a las áreas de Finanzas y Jurídica; integre, si hace falta, a representantes estatales y federales; y deje constancia pública de lo acordado. También debe informar a la comunidad, con anticipación, sobre cierres, cambios de modalidad y rutas de acceso. Los sindicatos, por su parte, necesitan comunicar con precisión qué exigen y qué medidas adoptarán, sin convertir a docentes y estudiantes en rehenes involuntarios de una disputa presupuestal.
La UAEM enfrenta una presión financiera seria, pero la opacidad y la improvisación la agravan. Lo ocurrido ayer no debe repetirse. Si la administración conoce la inconformidad y el sindicato ya anunció nuevas acciones, hay tiempo para negociar antes de que el conflicto escale. La salida no consiste en que unos impongan silencio y otros cierren puertas, consiste en reconocer la deuda, transparentar los recursos y pactar una solución con plazos. La universidad debe ser espacio de conocimiento y diálogo. Cuando nadie responde y las puertas se cierran, la comunidad entera termina pagando el costo. ¿No cree usted?
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