El conflicto de médicos, enfermeras y trabajadores de la salud ya no puede presentarse como una inconformidad aislada ni como un diferendo de nómina. Las protestas se extienden por el país y han llegado a Morelos. Lo que está en juego es la capacidad de los hospitales para atender a la gente y la posibilidad de que quienes trabajan en ellos lo hagan con condiciones dignas y con los materiales indispensables.
El 8 de octubre, personal del IMSS marchó en Cuernavaca. Médicos, enfermeras y trabajadores reclamaron mejores salarios, más personal y medicamentos e insumos para cumplir su labor. En la movilización nacional del 13 de octubre se ampliaron las demandas y se sumaron trabajadores de distintas áreas y derechohabientes. Ya no se escuchó solamente la exigencia de un aumento salarial, sino también la de contar con material, equipo y presupuesto suficiente para el sector salud. La inconformidad, lejos de apagarse, crece.
En Morelos, la protesta llega a una realidad que los pacientes conocen sin necesidad de estadísticas. En el Hospital General Dr. José G. Parres, uno de los principales hospitales públicos de Cuernavaca, hay ocasiones en que falta alcohol, una sonda o una jeringa; familias y pacientes terminan comprando por su cuenta lo que debería estar disponible para la atención. También hay carencias en clínicas y unidades del sector salud. No se puede exigir al personal que responda como si tuviera todo a la mano cuando la administración no garantiza ni lo básico.
Y el problema no termina en el sistema estatal. El Seguro Social de Cuernavaca fue construido hace décadas para atender a una población mucho menor. Sus instalaciones y servicios ya enfrentan saturación, largas esperas y escasez de insumos. En la marcha local, trabajadores advirtieron que faltan especialistas y que algunas áreas no logran cubrirse porque el personal se va. Si a una infraestructura rebasada se le agregan más pacientes sin ampliar camas, contratar médicos y enfermeras ni asegurar medicamentos, la promesa de ampliar el acceso puede convertirse en una nueva fila y una nueva frustración. La propuesta de avanzar hacia un servicio universal exige explicar quién financiará esa atención y con qué capacidad se prestará.
Por eso es reduccionista responder que todo se resuelve con un porcentaje de aumento o con una mesa sindical. El salario importa, nadie puede pedir vocación como sustituto de un ingreso justo. Pero también cuentan la carga de trabajo, las plazas vacantes, los turnos extenuantes, el equipo que no llega y el medicamento que el paciente debe buscar en una farmacia privada. La protesta tiene una dimensión laboral y otra ciudadana. Cuando falta una jeringa, el conflicto deja de ser asunto interno de una institución; la persona enferma paga el costo en dinero, en tiempo y a veces en salud.
La historia obliga a mirar con seriedad este momento. Entre 1964 y 1965, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, médicos residentes e internos iniciaron un movimiento nacional después de que no recibieron su aguinaldo. Reclamaban mejores condiciones de trabajo, contratos y soluciones a los problemas de los hospitales. Fue un conflicto que el gobierno enfrentó con dureza y que dejó una marca en la vida pública. No es la misma coyuntura ni deben confundirse sus causas; sí hay una lección que permanece: cuando quienes sostienen los servicios públicos denuncian que no pueden trabajar en condiciones adecuadas, desoírlos o descalificarlos no hace desaparecer el problema.
Hoy, además de salarios y derechos laborales, el reclamo pone sobre la mesa una pregunta elemental: ¿cómo se atiende a la población si faltan medicamentos, insumos y personal? Las autoridades deben responder con datos verificables qué insumos escasean, cuánto tardan las compras, qué plazas están vacantes, cuántas recetas no se surten y qué calendario existe para corregirlo. Decir que hay abasto no basta si el paciente sale a comprar una sonda o si el personal improvisa para no suspender una atención.
Tampoco se puede permitir que la falta de organización se convierta en negocio para intermediarios o proveedores favorecidos. Cada peso destinado a salud debe reflejarse en material disponible, equipos funcionando y trabajadores suficientes. Hace falta auditoría, transparencia y responsables cuando las compras no llegan o los almacenes están vacíos. La autoridad debe sentarse con el personal y sus representantes, escuchar también a los pacientes y publicar compromisos que puedan revisarse.
En un estado que enfrenta problemas de seguridad y servicios públicos, la salud no admite más discursos de temporada. Si médicos y enfermeras protestan es porque el cansancio y la carencia ya rebasaron los pasillos hospitalarios. Los funcionarios no pueden seguir administrando la crisis con anuncios. Deben demostrar, hospital por hospital, que hay insumos, personal y atención. Porque cuando alguien llega enfermo y descubre que ni lo indispensable está disponible, el desorden deja de ser una cifra y se convierte en angustia y desconfianza. ¿No cree usted?
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