Lo ocurrido en Cuernavaca no puede reducirse a otro día de bloqueos, molestias viales y ciudadanos atrapados durante horas. La paralización de distintos accesos a la capital, la ocupación del Centro Histórico y el cierre del Palacio de Gobierno representan una señal política mucho más delicada.
Diversas agrupaciones cerraron puntos estratégicos de la ciudad para exigir respuestas en materia de seguridad, salud, medicamentos, apoyo al campo, obras e infraestructura. En la Plaza de Armas se bloquearon los accesos al Palacio de Gobierno, que tuvo que ser desalojado. Incluso se denunció la colocación de candados y la retención temporal de trabajadores y ciudadanos dentro del inmueble.
Las demandas son falta de medicamentos, la inseguridad, el abandono de comunidades y el incumplimiento de obras.
La propia Subsecretaría de Gobierno responsabilizó públicamente de las movilizaciones a una fracción del Partido del Trabajo y llamó a su dirigencia a instalar una mesa de diálogo. Esa acusación vuelve el episodio todavía más grave. El PT forma parte del bloque político de la Cuarta Transformación y ha sido aliado de Morena. Si un sector relacionado con ese partido necesita paralizar Cuernavaca y cerrar la sede del Poder Ejecutivo para obtener atención, la pregunta resulta inevitable: ¿qué clase de comunicación existe entre los integrantes de la alianza gobernante?
El PT debe explicar también, con claridad, cuál fue su participación. Si las organizaciones actuaron por cuenta propia, la dirigencia tendría que deslindarse. Si fueron impulsadas o respaldadas por una fracción partidista, deberá justificar porqué un aliado del gobierno decidió utilizar a la ciudadanía y a la ciudad como instrumentos de presión. Las causas sociales merecen atención, pero no deben convertirse en armas de una disputa interna ni en actos anticipados de campaña.
Cuernavaca pagó el costo con trabajadores que no llegaron a tiempo, comercios afectados, citas canceladas, transporte detenido y ciudadanos convertidos, una vez más, en rehenes de un conflicto político. El derecho a manifestarse debe respetarse, pero también existe el derecho de los demás a circular, trabajar, estudiar y recibir atención médica.
El momento es especialmente delicado porque el proceso electoral federal 2026-2027 ya comenzó y la etapa local también está en marcha. Cada protesta, cada ruptura y cada ausencia de respuesta tendrá una lectura en lo electoral. Los aliados de hoy pueden convertirse muy pronto en adversarios que disputen candidaturas, posiciones y control territorial.
Lo sucedido debe tomarse como advertencia. La ingobernabilidad no aparece de un día para otro; comienza cuando nadie escucha, cuando los acuerdos no se cumplen y cuando las diferencias dentro del propio bloque gobernante se trasladan a las calles. El gobierno necesita recuperar la iniciativa política, establecer interlocutores confiables. ¿No cree usted?
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