La Universidad Autónoma del Estado de Morelos no está tomada. Es importante comenzar con esta precisión porque, en momentos de tensión, una versión equivocada puede convertirse en el pretexto para justificar actos de fuerza, criminalizar a los estudiantes o hacer creer que dentro de la institución existe una situación de ingobernabilidad que todavía no se ha presentado.
Lo que sí existe es una crisis grave. Hay indignación, miedo, desconfianza y una comunidad universitaria que exige respuestas después del asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española de intercambio. Su muerte se suma a otros casos que han lastimado profundamente a la UAEM, los de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes. Cuatro estudiantes vinculadas con la institución han sido asesinadas en un periodo de apenas siete meses.
La movilización llegó al centro de Cuernavaca y los estudiantes entraron al Zócalo para expresar su inconformidad. Eso no significa que la universidad haya sido tomada ni que todos los manifestantes estén buscando provocar violencia. Marchar, protestar y exigir justicia son derechos. Las autoridades deben garantizar que estas expresiones se desarrollen de manera pacífica, sin infiltraciones, sin provocadores y sin confrontaciones innecesarias.
Pero el problema universitario ya rebasó los límites del campus. También se convirtió en una crisis política para el gobierno estatal, una prueba para la rectoría y la gobernadora, así como un cuestionamiento directo a la estrategia de seguridad en Morelos. El problema no puede reducirse a la colocación de cámaras, a incrementar el número de vigilantes o a emitir comunicados después de cada tragedia. La violencia que padecen las universitarias comienza muchas veces fuera de las instalaciones, durante sus traslados en el transporte público, en las calles y en los municipios donde estudian o viven. Por eso las responsabilidades son compartidas, pero no pueden diluirse.
La Fiscalía debe investigar y detener a los responsables; el gobierno estatal tiene que garantizar condiciones de seguridad; los ayuntamientos deben vigilar calles y espacios públicos, mientras que la universidad está obligada a revisar sus protocolos, acompañar a sus estudiantes y mantener una comunicación clara con sus familias y con las instituciones extranjeras que le confían a sus jóvenes.
También deberá aclararse dónde se encontraban las autoridades durante los momentos más difíciles de la movilización. Si estaba fuera de Cuernavaca, tendrá que explicarse. En una crisis de esta magnitud, la presencia de la máxima autoridad universitaria no es un asunto secundario. La comunidad necesita conducción, diálogo y una voz que asuma responsabilidades. No basta con dejar el problema en manos de funcionarios menores o responder mediante boletines.
Igualmente preocupante resulta la aparición de grupos de comerciantes del Nuevo Grupo Sindical, que declaran estar dispuestos a impedir que los manifestantes ingresen o permanezcan en determinadas zonas de la ciudad. ¿Qué tienen que hacer los comerciantes enfrentándose con estudiantes? ¿Quién les otorgó funciones de seguridad pública? ¿Por qué tendrían que intervenir en una marcha universitaria?
Si existe algún intento de utilizar a una nueva organización sindical de comerciantes, que son los ambulantes que llenan y afean el zocalo de Cuernavaca, como muro de contención frente a los universitarios, estaríamos ante una enorme irresponsabilidad. Los comerciantes no son policías ni grupos antimotines. Su función no es detener manifestaciones, custodiar edificios públicos ni confrontar a quienes protestan. Para preservar el orden existen instituciones y corporaciones que deben actuar con apego a la ley y respeto a los derechos humanos.
El gobierno tiene que deslindarse claramente de cualquier grupo que pretenda desempeñar esas funciones. Permitir una confrontación entre estudiantes y comerciantes sería abrir la puerta a provocaciones cuyas consecuencias nadie podría controlar. Si hubiera lesionados o hechos violentos, después todos tratarían de evadir su responsabilidad. Los propios dirigentes de comerciantes deberían entender el peligro. Prestarse a realizar tareas que corresponden a la Policía puede terminar afectando a sus agremiados. Sus problemas, demandas y negociaciones con el gobierno son una cosa; el movimiento universitario es otra. No deben mezclarse.
La UAEM tampoco puede cerrarse al diálogo ni responder defensivamente ante cada crítica. La autonomía universitaria no significa aislamiento ni impunidad. Significa capacidad para gobernarse, pero también responsabilidad para proteger a su comunidad, rendir cuentas y reconocer errores.
Todavía hay oportunidad de impedir que el conflicto crezca. Para ello se necesita instalar una mesa pública y seria con representantes auténticos de los estudiantes, autoridades universitarias, gobierno estatal, fiscalía y organismos de derechos humanos. No una reunión para tomarse fotografías, sino un espacio con compromisos, responsables y fechas de cumplimiento.
La universidad no está tomada, pero la indignación sí está creciendo. Si las autoridades confunden una protesta legítima con una amenaza política, o pretenden contenerla mediante grupos ajenos, podrían transformar una exigencia de justicia en un conflicto mucho mayor.
Este no es momento de provocar, ocultar, ni improvisar. Es momento de escuchar, investigar y actuar porque la demanda estudiantil es elemental: quieren estudiar y regresar con vida a sus hogares. Y ningún gobierno ni autoridad universitaria debería considerar excesiva semejante exigencia. ¿No cree usted?
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