Lo ocurrido recientemente en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), particularmente en la Facultad de Derecho del campus Chamilpa, no puede ni debe entenderse como un hecho aislado. Es, más bien, la manifestación más clara de una estrategia que busca prolongar el conflicto universitario a toda costa, incluso recurriendo a la violencia, la intimidación y la destrucción.
Resulta inaceptable que un grupo de encapuchados haya irrumpido en las instalaciones universitarias, destruyendo bienes materiales, violentando espacios académicos y, peor aún, atentando contra la integridad del propio director. Este tipo de actos no sólo rebasan cualquier legítima expresión estudiantil, sino que se colocan en el terreno de lo delictivo. No hay causa que justifique la violencia ni argumento que legitime el vandalismo.
Pero más allá de la indignación inmediata, es necesario preguntarnos qué hay detrás de estos hechos. ¿A quién beneficia que el conflicto universitario continúe escalando? ¿Quién pierde cuando se rompe el diálogo y se impone la confrontación?
El contexto es clave. Apenas unos días antes, el director de la Facultad de Derecho, (que si trabaja en beneficio de los estudiantes) sostuvo una reunión con estudiantes. De acuerdo con los testimonios, se trató de un encuentro en términos de respeto, con disposición al diálogo y con avances importantes hacia la construcción de acuerdos. No hubo confrontación, no hubo imposición; hubo, por el contrario, voluntad de entendimiento.
Entonces, ¿por qué, después de un ambiente de diálogo, surge un acto de violencia de esta magnitud?
La respuesta, aunque incómoda, parece evidente: hay intereses que no quieren que el conflicto se resuelva. Hay actores —internos y externos— que han apostado desde el inicio por la confrontación, por el desgaste institucional y por la desestabilización de la vida universitaria. Y cuando el diálogo comienza a rendir frutos, cuando las partes se acercan, cuando la posibilidad de una solución se vuelve real, entonces aparecen estos hechos que buscan romper ese avance.
Es lo que coloquialmente se conoce como “la mano que mece la cuna”. No son necesariamente los estudiantes organizados quienes protagonizan estos actos. De hecho, muchos de ellos han demostrado madurez, compromiso y una auténtica preocupación por su institución. Por el contrario, los hechos apuntan a grupos que operan desde las sombras, que utilizan el anonimato de las capuchas y que, en muchos casos, ni siquiera pertenecen a la comunidad universitaria.
La destrucción de equipos, el intento de borrar calificaciones y la irrupción violenta en oficinas administrativas no son actos de protesta, son actos de sabotaje que buscan paralizar a la universidad, generar caos y dificultar cualquier intento de normalización académica. En otras palabras, buscan impedir que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos recupere su estabilidad.
Como docente, como integrante de esta comunidad, me resulta difícil aceptar que se pretenda responsabilizar a los estudiantes de estos actos. Quienes convivimos diariamente con ellos sabemos que no corresponden a su forma de actuar ni a sus valores. La gran mayoría de los alumnos quiere estudiar, quiere concluir el semestre, quiere recuperar la normalidad. No están interesados en destruir su propia casa de estudios.
Por eso, insistir en que estos actos provienen de la comunidad estudiantil no sólo es injusto, sino que desvía la atención de lo verdaderamente importante, que es identificar a los verdaderos responsables. Porque sí, hay responsables. Y no se trata de figuras abstractas, sino de personas concretas que han decidido apostar por el conflicto permanente.
Es momento de decir con claridad que se debe desenmascarar a quienes están detrás de estas acciones, literal y figuradamente. Las capuchas no pueden seguir siendo un escudo para la impunidad. La universidad no debe convertirse en terreno fértil para grupos que operan con intereses ajenos a la educación y al bienestar de la comunidad.
También es momento de que las autoridades, tanto universitarias como externas, actúen con firmeza. No basta con condenar los hechos, es necesario investigarlos a fondo, deslindar responsabilidades y garantizar que no se repitan. La autonomía universitaria no puede ser sinónimo de permisividad frente a la violencia.
Finalmente, no debemos perder de vista lo esencial: la universidad es un espacio de formación, de pensamiento crítico y de construcción colectiva. Permitir que la violencia se imponga es traicionar su esencia. Por el contrario, apostar por el diálogo, por la legalidad y por el respeto es la única vía para superar este momento.
Lo ocurrido en la Facultad de Derecho no solamente es lamentable, es una advertencia. Una advertencia de lo que puede suceder cuando se permite que intereses ajenos contaminen la vida universitaria. Pero también es la oportunidad de cerrar filas, de defender a la institución y de dejar claro que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos no está dispuesta a ser rehén de la violencia, porque al final la pregunta no es sólo quién destruyó oficinas o equipos. La respuesta necesaria es saber quién quiere destruir a la universidad. Y, más importante aún, ¿vamos a permitirlo?
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