La reciente detención de funcionarios municipales, presuntamente relacionados con la delincuencia organizada, representa una noticia que muchos ciudadanos esperaban desde hace años. Durante demasiado tiempo en Morelos se habló de complicidades, de protección política y de autoridades que parecían más cercanas a los grupos criminales que a la sociedad. Por eso, cuando finalmente se actúa contra servidores públicos señalados por posibles nexos con el crimen, la sensación inmediata es que al menos existe un intento por recuperar la autoridad perdida.
Sin embargo, el problema de la inseguridad no se resuelve solamente con detenciones espectaculares ni con operativos que ocupan titulares durante algunos días. La verdadera dimensión del problema aparece cuando el ciudadano común necesita ayuda y descubre que las instituciones encargadas de protegerlo actúan con indiferencia, lentitud o incluso desprecio hacia las víctimas.
Lo ocurrido recientemente en Temixco es una muestra alarmante de ello. Un reportero deportivo de una importante cadena nacional fue víctima de un asalto junto con su familia. Tres sujetos lo amenazaron y lo despojaron de sus pertenencias frente a sus seres queridos. La escena por sí sola resulta suficientemente traumática. Nadie puede imaginar la impotencia de ver amenazada a su familia por delincuentes armados mientras la violencia se convierte en parte de la vida cotidiana.
La molestia del periodista no se concentró únicamente en los delincuentes que cometieron el atraco sino en la actuación de las autoridades, quienes, según su denuncia, mostraron una actitud fría, burocrática y distante frente a una víctima que buscaba respaldo institucional.
Y ahí es donde aparece el verdadero tamaño del problema que enfrenta el país. La delincuencia lastima a los ciudadanos, pero muchas veces la indiferencia oficial termina destruyendo por completo la poca confianza que todavía existe en las instituciones. Cuando una persona asaltada siente que las autoridades la tratan como una molestia, y no como una víctima, el mensaje que recibe la sociedad es devastador.
La inseguridad no solamente se mide por el número de delitos cometidos, también se mide por la capacidad de las autoridades para responder con eficacia y sensibilidad. Un gobierno puede anunciar cientos de operativos, miles de patrullajes y detenciones importantes, pero si el ciudadano sigue sintiéndose abandonado al momento de denunciar, entonces el problema continúa intacto.
Lo ocurrido adquiere todavía mayor relevancia porque sucede en un momento en que México se prepara para recibir nuevamente la atención mundial con la próxima Copa del Mundo. Miles de visitantes extranjeros llegarán al país esperando encontrar seguridad, organización y condiciones adecuadas para disfrutar un evento internacional de enorme magnitud. Sin embargo, episodios como éste provocan inevitablemente una pregunta incómoda: ¿de verdad estamos preparados para recibir al mundo?; porque no se trata solamente de estadios modernos, carreteras o campañas turísticas. La imagen de un país también se construye a partir de la manera en que funcionan sus instituciones de seguridad y justicia. Y si un periodista conocido nacionalmente denuncia maltrato institucional tras sufrir un asalto, cualquiera puede imaginar lo que vive diariamente un ciudadano común que no tiene cámaras, micrófonos ni espacios de difusión para hacer visible su caso.
La crisis de confianza hacia las autoridades no nació de un día para otro. La ciudadanía termina aprendiendo que denunciar rara vez sirve de algo, y que muchas veces el trámite representa más desgaste emocional que esperanza de justicia.
Por eso, las recientes detenciones de funcionarios municipales deben verse únicamente como un primer paso y no como una solución definitiva. El combate a la delincuencia requiere limpiar instituciones, pero también transformar la atención a las víctimas y recuperar el sentido de servicio público que parece haberse perdido en muchas oficinas gubernamentales.
Hoy, Morelos enfrenta un enorme desafío. La sociedad quiere resultados, pero también quiere respeto, quiere autoridades firmes contra el crimen, pero en la misma medida sensibles con quienes padecen la violencia porque, al final, la confianza ciudadana no se recupera con discursos ni con fotografías de operativos, se recuperará sólo cuando la víctima sienta que el gobierno realmente está de su lado, y no cuando sale de una oficina gubernamental con la sensación de haber sido abandonada a su suerte. ¿No cree usted?
