Guadalajara.- La segunda megamarcha ciudadana por el agua limpia en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) derivó este domingo en actos de violencia tras la irrupción de grupos de personas encapuchadas que lanzaron petardos, barrenos y bombas Molotov contra las instalaciones del Palacio de Gobierno y la sede del Congreso del Estado de Jalisco, además de causar daños materiales, saqueos y pintas en diversos comercios del Centro Histórico.
La movilización, convocada principalmente desde el Parque Revolución (conocido como Parque Rojo) con destino al Palacio de Gobierno, reunió a familias, personas mayores, jóvenes y colectivos que exigían un suministro de agua de calidad, justicia para las personas detenidas durante la primera protesta del 11 de octubre y un rechazo contundente a cualquier esquema que implique la eventual privatización o concesión del servicio hídrico. Los propios asistentes pacíficos confrontaron a los encapuchados con consignas de “¡Fuera encapuchados!” y lograron replegar a varios grupos, aunque no evitaron los destrozos en el primer cuadro de la ciudad.
Cronología de los hechos del 18 de octubre
La concentración comenzó antes de las 11:00 horas en el Parque Rojo, en la colonia Americana. Desde el arranque, manifestantes identificaron al menos cinco grupos de personas con el rostro cubierto que portaban palos, bates, martillos y herramientas. Algunos vestían de negro (bloque negro) y otros portaban camisetas de equipos de fútbol como Chivas, América y Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Los organizadores y asistentes los señalaron como presuntos infiltrados o grupos de choque.
Los ciudadanos exigieron que se descubrieran el rostro, se fueran al final del contingente o se retiraran. Ante la negativa y las respuestas violentas, se detonaron cohetes, barrenos y al menos una bomba de fabricación casera o Molotov. Muchas familias y personas mayores se replegaron por seguridad. Un contingente principal decidió permanecer en el cruce de Vallarta y Federalismo o en el Parque Rojo para mantener una protesta pacífica, mientras otro grupo avanzó hacia el Centro.
En el trayecto y en las inmediaciones del Centro Histórico se reportaron daños a establecimientos comerciales: cristales rotos en un hotel sobre avenida Pedro Moreno y Juárez, en una cafetería, saqueo de una tienda de ropa deportiva y de una cadena de electrodomésticos en el cruce de Galeana y Juárez, además de grafitis y pintas. Los encapuchados lanzaron petardos y proyectiles incluso hacia periodistas y otros manifestantes.
Alrededor de las 15:30 horas, la tensión escaló frente al Palacio de Gobierno. Se realizaron pintas en la fachada, se arrojaron globos con pintura, huevos, jitomates y latas de aerosol. Posteriormente se lanzaron botellas de plástico y vidrio que impactaron vitrales, se usaron cadenas para dañar luminarias exteriores y se intentó golpear las puertas con vallas metálicas, sin lograr el ingreso. Se escucharon detonaciones desde el interior para dispersar a los agresores. Algunos participantes agredieron a miembros de la prensa y trataron de desactivar cámaras de vigilancia.
En el Congreso del Estado, un grupo de encapuchados lanzó bombas Molotov contra el acceso principal, provocando un incendio en la puerta de madera del recinto. Elementos policiales controlaron el fuego y evitaron mayores daños. Los organizadores de la marcha se deslindaron de estos actos y optaron por replegarse para proteger a las familias.
La Universidad de Guadalajara emitió un comunicado deslindándose de la portación de prendas de Leones Negros por parte de los grupos violentos, aclarando que no representaba ni contaba con el aval de la institución.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, se pronunció en redes sociales condenando la infiltración de grupos violentos que respondieron con palos, tubos, petardos y bombas Molotov. Hizo un llamado a que la marcha se desarrollara en paz y afirmó que el gobierno actuaría de forma responsable, evitando la confrontación. Previamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había llamado a las autoridades a proteger la libertad de expresión y evitar el uso innecesario de la fuerza.
El antecedente de la primera marcha (11 de octubre)
Una semana antes, el domingo 11 de octubre, miles de personas (estimaciones oficiales de alrededor de 10 mil, con reportes iniciales de Protección Civil de cerca de 4.500) marcharon de la Glorieta de La Minerva a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador. La movilización fue pacífica durante las primeras horas hasta que, según las autoridades, un grupo de aproximadamente 400 personas —muchas encapuchadas y armadas con piedras, tubos, martillos, petardos con clavos y bombas de gas— irrumpió y generó confrontaciones que duraron alrededor de tres horas.
La policía antimotines respondió con chorros de agua a presión y gas lacrimógeno. El saldo oficial fue de 39 personas detenidas, 28 policías lesionados (dos de gravedad: uno con fractura de cráneo y otro que perdió un dedo) y alrededor de 31 civiles atendidos. Familiares y colectivos reportaron cifras superiores de detenciones y denunciaron excesos. El gobernador Lemus reconoció posteriormente “graves errores” y deficiencias en el operativo, ordenó investigar la actuación policial (con acompañamiento de la CEDHJ), admitió que no se debió usar agua ni gas contra la población y confirmó que todas las personas detenidas recuperaron su libertad, aunque algunas quedaron sujetas a procesos.
De las 39, la mayoría fue liberada rápidamente. Siete hombres fueron presentados ante un juez; varios quedaron vinculados a proceso por lesiones y delitos contra representantes de la autoridad (algunos en libertad con medidas cautelares). La presidenta Claudia Sheinbaum condenó los actos de represión y pidió esclarecer los hechos. La relatora especial de la ONU para la libertad de reunión y asociación, Gina Romero, exigió una investigación pronta e independiente. Universidades como la UdeG y el ITESO pidieron privilegiar el diálogo.
Algunas convocatorias a la segunda marcha sumaron la exigencia de revocación de mandato de Lemus, aunque el marco legal para ello requiere condiciones específicas (segunda mitad del sexenio y un número de firmas superior a los votos con los que ganó).
La crisis del agua en la ZMG: origen y medidas
La raíz de las protestas es una crisis de calidad del agua que afecta a cientos de colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (más de cinco millones de habitantes) desde principios de 2026, con agravamiento en meses recientes. El líquido llega turbio, de color “chocolate”, con sedimentos, mal olor a drenaje o cloaca, y en muchos casos sin cloro residual. Monitoreos ciudadanos y universitarios (ITESO y otros) detectaron ausencia de cloro en la gran mayoría de muestras, presencia de coliformes fecales, y en algunos reportes metales pesados. El SIAPA reconoció problemas relacionados con el sistema antiguo de abastecimiento desde el Lago de Chapala a través del canal y la presa Las Pintas, donde se mezclan descargas irregulares de aguas residuales.
Se identificaron al menos 72 puntos de descargas irregulares o clandestinas. A principios de octubre, el gobierno estatal y los municipios acordaron cerrar el flujo de Las Pintas (que aporta hasta 2.5 m³/s de un total de consumo de 10-11.5 m³/s), lo que implica una reducción de hasta 30 % del caudal disponible. Se implementó un esquema de rotación o tandeos del servicio por aproximadamente seis meses (periodos de hasta dos o tres días sin agua o con baja presión por colonia), mientras avanzan obras en la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle y el acueducto de desvío de La Calera. Las autoridades reportaron mejoras iniciales en olor y aspecto en algunas colonias, aunque persisten reportes de baja presión y problemas.
El debate del acueducto sustituto y la privatización
A largo plazo, el gobierno de Lemus envió al Congreso de Jalisco una iniciativa para construir un Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara (alrededor de 42 km) bajo un esquema de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO), con inversión estimada cercana a 11.922 millones de pesos (cifras han variado en anuncios) y contratos de 20 a 25 años. El gobierno sostiene que no implica privatización ni concesión del servicio (el Estado mantiene la rectoría, no se entregan tarifas a privados, no hay deuda pública en el sentido tradicional y los pagos los hace el gobierno vía CEA), que no aumentará tarifas y que cuenta con aval técnico de Conagua. Busca mejorar la calidad sin extraer más agua de Chapala.
La oposición, colectivos y pueblos de la ribera de Chapala lo califican como “privatización fáctica” o “silenciosa”, porque un particular construiría, financiaría, operaría y mantendría infraestructura estratégica durante décadas, con compromisos de pago públicos que podrían superar los 39 mil o 48 mil millones de pesos según plazos y estimaciones. Sheinbaum ha expresado desacuerdo con esquemas de financiamiento privado que a su juicio implicarían privatizar el servicio. Lemus ha reiterado que “ni se va a privatizar ni se va a concesionar” y ha abierto la puerta a esquemas de financiamiento conjunto con la Federación.
Las demandas ciudadanas combinan el derecho al agua de calidad, la no criminalización de la protesta, la investigación de excesos policiales del 11 de octubre y el rechazo a modelos que transfieran el control operativo del recurso a privados.
Hasta el momento, no se reportaban cifras oficiales consolidadas de lesionados o detenidos en la jornada del 18 de octubre, aunque se documentaron agresiones y daños. La situación refleja una crisis hídrica estructural en la ZMG que combina problemas de infraestructura histórica, descargas irregulares, decisiones de corto plazo (tandeos) y un debate de largo plazo sobre el modelo de financiamiento y gestión del agua, en un contexto de alta tensión social y política.
Los hechos del 18 de octubre demuestran que los manifestantes pacíficos intentaron aislar a los grupos violentos, pero la infiltración de encapuchados volvió a opacar el reclamo legítimo por un servicio básico. Las autoridades enfrentan el doble desafío de garantizar el derecho a la protesta pacífica y de resolver con transparencia y resultados la crisis de calidad del agua que afecta a millones de jaliscienses.
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