Jojutla.- En un caso que ha generado indignación en la zona sur de Morelos, la Fiscalía Regional Sur Poniente logró la vinculación a proceso de tres elementos policiales activos por presuntas agresiones contra una mujer en Zacatepec.
Uno de ellos enfrenta cargos adicionales por violación, en un hecho que expone posibles abusos de poder en las fuerzas de seguridad.
La audiencia se llevó a cabo en la Ciudad Judicial de Jojutla, donde el juez determinó la vinculación de María Isabel “N” y Sandra “N”, ambas adscritas a la Policía Municipal de Zacatepec y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos.
Las elementos enfrentan cargos por lesiones agravadas y abuso de autoridad. Como medidas cautelares, se les impuso la obligación de firmar mensualmente ante las autoridades y la prohibición absoluta de acercarse a la víctima.
Por su parte, Jesús “N”, también elemento de las mismas corporaciones, fue vinculado por los delitos de violación, lesiones agravadas y abuso de autoridad. El juez ratificó la prisión preventiva en su contra, considerando la gravedad de las acusaciones. Además, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se recopilarán más pruebas.
Según las indagatorias de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 22 de octubre, cuando la víctima denunció haber sido agredida física y verbalmente por los tres policías. La mujer relató que Jesús “N” la violentó sexualmente durante el incidente. Ante esto, acudió a la Unidad de Delitos Contra la Mujer de la Fiscalía Regional Sur Poniente, donde se iniciaron las investigaciones que derivaron en órdenes de aprehensión contra los implicados.
Las detenciones fueron ejecutadas en días recientes por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes cumplieron con los mandatos judiciales sin incidentes reportados.
Cabe destacar que, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todas las personas involucradas se presumen inocentes y serán tratadas como tales hasta que se emita una sentencia definitiva por parte del órgano jurisdiccional.
Este caso pone en el foco la necesidad de mayor supervisión en las corporaciones policiales para prevenir abusos contra la ciudadanía, especialmente en contextos de vulnerabilidad.