Cuernavaca.- Mientras el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) insiste en que enfrenta severas apreturas financieras y aplica un plan de austeridad, la bolsa destinada a viáticos y movilización de sus integrantes se mantiene intacta. Cada mes, la institución desembolsa cerca de 80 mil pesos para cubrir gasolina, casetas y traslados de magistrados y jueces.
La suma ha generado cuestionamientos sobre la congruencia entre el discurso de austeridad y el gasto corriente. Los recursos se distribuyen directamente entre los funcionarios judiciales que deben desplazarse a distintas sedes.
¿Cómo se reparten los recursos para transporte?
Javier García Tinoco, representante del Órgano de Administración del TSJ, detalló el esquema de asignación de estos fondos públicos. Especificó que los magistrados adscritos a salas foráneas perciben un apoyo mensual de 5 mil pesos para garantizar sus traslados.
Por su parte, los jueces del Poder Judicial cuentan con una partida de aproximadamente 1,500 pesos mensuales para combustible. Esta compensación busca cubrir los viajes derivados de sus funciones en los diferentes distritos judiciales de la entidad.
Descartan recortar viáticos para el próximo año
Ante la interrogante de si estos beneficios económicos serán cancelados en el próximo ejercicio fiscal para canalizar el dinero a necesidades prioritarias del tribunal, el funcionario descartó la medida. García Tinoco argumentó que la meta es fortalecer la operatividad interna de la institución.
El representante admitió que existen deficiencias y falta de presupuesto en múltiples rubros. Sin embargo, enfatizó que cualquier gasto extraordinario se analiza con detenimiento. Aclaró además que no hay solicitudes formales de viáticos para viajes fuera del estado por parte de los magistrados, por lo que dichos trayectos corren por cuenta propia.
Ajustes y control estricto en la nómina estatal
Para mitigar el impacto financiero del Poder Judicial, la administración enfoca sus esfuerzos de contención en el capítulo de servicios personales. La nómina representa la mayor presión para las arcas de la institución.
Las medidas operativas incluyen el congelamiento de plazas vacantes y una calendarización rigurosa para la incorporación de personal. Las altas de trabajadores se autorizan exclusivamente los días primero, 15 o 16 de cada mes, erradicando contrataciones en fines de semana o días inhábiles.
Adicionalmente, se redactan nuevos lineamientos internos para fiscalizar las licencias, las cargas de combustible y el uso de la flotilla vehicular oficial, buscando generar ahorros reales durante el año.
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