El gobierno de Donald Trump anunció nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), horas después de que Navi Pillay, exjueza del organismo, fuera reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2026.
El Departamento de Estado justificó las medidas al señalar que buscan defender la soberanía de Estados Unidos y contrarrestar lo que considera una amenaza de la CPI.
El tribunal rechazó las sanciones y advirtió sobre sus posibles consecuencias para el orden jurídico internacional. No se ha establecido que el Nobel a Pillay haya provocado directamente la decisión de Washington.
El gobierno estadounidense señaló que ya había sancionado a 17 personas relacionadas con la CPI y anunció nuevas acciones contra la institución.
¿Por qué Trump impuso sanciones a la CPI?
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos no reconoce la autoridad de la CPI para procesar a ciudadanos estadounidenses, militares o dirigentes políticos.
Rubio recordó que su país no forma parte del Estatuto de Roma, tratado que dio origen al tribunal.
El funcionario anunció restricciones a determinadas transacciones para limitar los recursos de la Corte y reducir su capacidad de actuar contra ciudadanos estadounidenses.
También rechazó posibles procesos contra militares, agentes de la Patrulla Fronteriza y líderes electos. Según Rubio, sus acciones están vinculadas con la defensa de la seguridad nacional.
Aunque Washington mantiene abierta la posibilidad de una solución diplomática, Rubio aseguró que continuará sus esfuerzos para debilitar a la CPI mientras la considere una amenaza.
Por su parte, el Departamento del Tesoro emitió licencias generales para autorizar determinadas operaciones relacionadas con el tribunal y proteger intereses estadounidenses.
La Corte Penal Internacional rechaza las medidas
La CPI condenó las sanciones y afirmó que representan un ataque contra su independencia y los principios del orden jurídico internacional.
El tribunal advirtió que las medidas buscan obstaculizar su trabajo e intimidar a sus colaboradores. También defendió el principio de que nadie debe estar por encima de la ley.
La Corte fue creada mediante el Estatuto de Roma y comenzó a funcionar en 2002. Su sede se encuentra en La Haya, Países Bajos.
Su función es investigar y juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crimen de agresión, conforme a su marco legal.
La CPI cuenta con 125 Estados parte, pero Estados Unidos no pertenece al tratado. Washington utiliza esta situación para cuestionar la jurisdicción del organismo sobre ciudadanos estadounidenses.
Las nuevas medidas se suman a las sanciones que Trump había impuesto contra integrantes de la Corte, en medio de sus desacuerdos con las investigaciones del organismo.
ONU califica las sanciones como inaceptables
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, también rechazó las sanciones y pidió proteger la independencia de la CPI.
Türk calificó las medidas contra la institución y su personal como inaceptables. Advirtió que podrían afectar los esfuerzos para exigir responsabilidades por graves violaciones a los derechos humanos.
El funcionario pidió a los 125 Estados parte del Estatuto de Roma adoptar medidas urgentes para defender el trabajo de la Corte.
La reacción de Naciones Unidas coloca el conflicto en el terreno de la cooperación internacional y la rendición de cuentas.
Mientras Washington sostiene que busca proteger su soberanía, la CPI y organismos de derechos humanos advierten sobre los riesgos para la justicia internacional.
El enfrentamiento abre un nuevo capítulo en la relación entre Estados Unidos y el tribunal, marcada por diferencias sobre la jurisdicción internacional y la responsabilidad por crímenes graves.
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