Cuernavaca.- Luego de tres meses de trabajo y siete mesas de diálogo sin acuerdos concretos, organizaciones de la sociedad civil decidieron suspender las conversaciones con autoridades sobre la regulación de cobros de grúas.
El descontento ciudadano ha llegado a su límite debido a que persiste la opacidad en los costos asociados al arrastre y resguardo de vehículos en el estado.
A pesar de los intentos de conciliación, los representantes de diversos colectivos señalaron que la falta de voluntad política mantiene a los automovilistas en la indefensión total.
Sin freno a la doble victimización
El punto crítico de la ruptura radica en la ausencia de un tabulador estatal que establezca criterios claros para el cobro de estos servicios, especialmente en situaciones vulnerables.
Los afectados recordaron que las víctimas de delitos sufren un doble golpe económico: primero por el robo de su unidad y luego por los altos costos del corralón tras ser recuperada.
Esta situación ocurre pese a la existencia de la iniciativa impulsada por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, la cual busca precisamente eliminar estos cobros injustos.
Incumplimiento de la normativa estatal
Cabe destacar que dicha reforma fue aprobada por unanimidad en el Congreso local en noviembre pasado y publicada oficialmente como Decreto 1004 el pasado 3 de febrero.
Sin embargo, en las reuniones sostenidas para analizar las adecuaciones a la normativa, los consensos simplemente no llegaron entre las partes involucradas.
Los activistas señalaron que las propuestas actuales se enfocan demasiado en la operación del servicio y dejan de lado los derechos fundamentales de los usuarios morelenses.
Acciones futuras ante el bloqueo
Ante la falta de resultados, los ciudadanos inconformes adelantaron que no se quedarán de brazos cruzados y buscarán nuevos mecanismos de presión legislativa.
El objetivo principal sigue siendo que sus planteamientos sean considerados dentro del proceso de revisión para evitar que el negocio de las grúas siga operando sin control.
Mientras tanto, el servicio de arrastre continuará operando bajo los mismos esquemas que han generado cientos de quejas en toda la entidad durante los últimos años.