Cuernavaca.- El Poder Legislativo de la entidad ya tiene en sus manos las solicitudes formales para iniciar un proceso que podría culminar en la separación del cargo de los alcaldes de Xoxocotla y Tlaquiltenango.
Las solicitudes de destitución en contra de los presidentes municipales de estas localidades fueron enviadas de forma directa por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
El diputado Rafael Reyes Reyes, coordinador del grupo parlamentario de Morena, confirmó la recepción de los documentos emitidos por la autoridad judicial administrativa.
El Congreso de Morelos bajo presión por alcaldes
De acuerdo con las declaraciones del legislador local, los expedientes ya fueron turnados al área correspondiente para determinar las acciones que en derecho correspondan a la brevedad.
Reyes Reyes precisó que la Junta Política y de Gobierno será la instancia encargada de revisar detalladamente la documentación recibida para verificar la viabilidad jurídica del caso.
El objetivo central de este análisis consiste en definir si existen los elementos necesarios y suficientes para dar inicio formal a un procedimiento de separación del cargo de los ediles.
Un rezago de tres años en los tribunales
Por su parte, el magistrado presidente del TJA, Guillermo Arroyo Cruz, detalló que estos casos corresponden a problemáticas que se mantuvieron estancadas por más de tres años.
Las demandas ciudadanas permanecieron congeladas en la Tercera Sala del tribunal hasta que se determinó la necesidad de enviar las solicitudes de destitución al Congreso del Estado.
La resolución del órgano de justicia administrativa no solo contempla remover a los alcaldes de sus funciones actuales, sino también aplicar una inhabilitación por un año.
Los expedientes que hunden a los ediles
En el caso específico del municipio indígena de Xoxocotla, el expediente TJA/3ªS/161/2023 se deriva de un incidente promovido por una ciudadana en contra de los integrantes del Ayuntamiento.
Respecto a Tlaquiltenango, la documentación del expediente TJA/3ªS/77/2023 obedece a un presunto incumplimiento de sentencia relacionado directamente con el pago de jubilaciones y pensiones.
Hasta el momento, los diputados integrantes de la actual legislatura no han emitido un fallo definitivo sobre el fondo del asunto ni la procedencia final de las remociones.