La política y el ejercicio del poder, en sus mejores acepciones, representan la vinculación del humanismo con el bien común. Sin embargo, alcanzar ese bien superior pasa, en muchas ocasiones, por la difícil tarea de hacer cumplir la ley, no como un acto de represión, sino como una expresión de autoridad. Ello puede implicar una aparente carga de impopularidad e incluso cierta distancia con algunos sectores sociales, particularmente cuando se pierde de vista que una de las funciones esenciales del Estado es garantizar la preeminencia de la legalidad y las condiciones que permiten una convivencia social armónica.
Cada vez con mayor frecuencia parece privilegiarse la rentabilidad política, la simpatía social o la ausencia de conflicto inmediato por encima del cumplimiento de las normas. El problema aparece cuando, bajo la legítima obligación de respetar los derechos de manifestación y expresión, se termina tolerando que determinadas conductas que rebasan esos derechos queden sin respuesta institucional. La destrucción de infraestructura pública o privada, las agresiones contra elementos policiales o los actos que ponen en riesgo la integridad de terceros no pueden quedar sujetos únicamente a la conveniencia política del momento. La no represión no significa renunciar a la autoridad, del mismo modo que el respeto a los derechos humanos no implica renunciar a la aplicación de la ley.
Cuando las instituciones encargadas de la gobernabilidad dejan de actuar, el problema no se limita a la ausencia de una sanción; se debilita la autoridad del Estado, se desprotege a quienes tienen la responsabilidad de preservar el orden y se transmite a la sociedad la idea de que la ley es selectiva, negociable o incluso irrelevante. El resultado es una erosión paulatina de la confianza en las instituciones y, con ella, de las condiciones mínimas para una convivencia sustentada en reglas compartidas. También existe el riesgo de que la preocupación por lo políticamente correcto termine sustituyendo la responsabilidad de gobernar. La protección de grupos vulnerables y las acciones afirmativas cumplen una función legítima dentro de una sociedad democrática, pero ninguna causa, identidad o condición social puede convertirse en argumento para exceptuar a una persona o grupo del cumplimiento de la ley. La igualdad ante la norma pierde sentido cuando su aplicación depende de quién la infringe, de la presión que pueda ejercer o del costo político que eventualmente represente hacerla cumplir. De ahí la necesidad de recuperar el sentido de una autoridad democrática.
No se trata de regresar a prácticas autoritarias ni de confundir firmeza con abuso de la fuerza; se trata, precisamente, de lo contrario: de contar con instituciones profesionales, capaces de actuar con proporcionalidad, dentro de la ley y con pleno respeto a los derechos humanos, pero también de intervenir cuando corresponde y llevar ante las instancias competentes a quienes incurran en responsabilidades.
La Constitución misma establece que la seguridad pública es una función del Estado y que debe ejercerse bajo principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos. Porque cuando las áreas responsables de la gobernabilidad son inoperantes, el costo no permanece dentro de las oficinas de gobierno; termina trasladándose a los titulares del Ejecutivo y a sus administraciones. Una estructura institucional que no previene, que no responde o que no hace valer las atribuciones que la ley le confiere puede hacer parecer incapaz de gobernar incluso a quien formalmente encabeza el gobierno.
Gobernar exige sensibilidad para escuchar, capacidad para dialogar y disposición para conciliar, pero también autoridad para decidir y firmeza para hacer cumplir las decisiones que corresponden dentro del marco jurídico. La mano izquierda puede representar la política, el diálogo y la construcción de acuerdos; la mano firme debe estar disponible cuando la ley lo exige. No para reprimir, sino para garantizar que los derechos de unos no terminen convirtiéndose en la vulneración de los derechos de los demás. La autoridad democrática no se mide por su capacidad de imponer miedo, sino por su capacidad de hacer prevalecer las reglas. Y cuando el Estado renuncia a esa responsabilidad, no necesariamente evita el conflicto: simplemente deja que otros definan, en los hechos, qué tan largo es el brazo de la ley.
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