La autonomía de las instituciones públicas es una conquista democrática. Su propósito es establecer ámbitos de decisión que deben mantenerse al margen de las instrucciones e intereses de quienes ejercen el poder. Sin embargo, esa independencia no significa ausencia de controles, mucho menos una autorización para actuar sin asumir responsabilidades. Por el contrario, cuanto mayor es la autonomía de una institución, mayor debe ser también su compromiso con la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas.
Esta discusión que adquiere relevancia al observar lo ocurrido en el Instituto Nacional Electoral. Las investigaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones, conflictos de interés y manejo de recursos públicos han colocado a la autoridad electoral bajo un escrutinio que trasciende a las personas involucradas. Se trata de esclarecer responsabilidades y plantear una pregunta: ¿cómo se protege la autonomía de una institución sin convertirla en un espacio ajeno a la fiscalización? En este contexto, es útil revisar el concepto de accountability horizontal, desarrollado por el politólogo Guillermo O’Donnell, que alude a la existencia de agencias estatales con autoridad legal y capacidad para controlar, prevenir o sancionar actos u omisiones ilegales de otras instituciones del Estado. Su planteamiento parte de una premisa fundamental: el poder público necesita límites efectivos, incluso cuando se encuentra depositado en organismos constitucionalmente autónomos. La rendición de cuentas no es una concesión de quienes gobiernan, sino una condición para evitar el ejercicio arbitrario de las atribuciones públicas.
Uno de los aspectos más delicados de las investigaciones tiene que ver con la producción de materiales y papelería electoral. De acuerdo con lo expuesto por el titular del Órgano Interno de Control del INE ante la Cámara de Diputados, cinco empresas presuntamente vinculadas entre sí han concentrado contratos no solo en el INE, sino también en 27 organismos electorales locales. Las indagatorias apuntan a posibles prácticas de simulación de competencia y colusión en los procedimientos de contratación que habrían distorsionado el mercado, comprometiendo la transparencia y poniendo en entredicho el manejo de recursos destinados a organizar elecciones.
A esta discusión se suma la participación de Talleres Gráficos de México, prestigiado organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, que desde hace años colabora con el INE en la impresión de insumos electorales. La propuesta del Gobierno Federal de ampliar su participación con el propósito de convertirlo en el principal productor de materiales para las elecciones abre una discusión que trasciende los costos y la eficiencia. Si bien fortalecer una empresa pública y revisar los mecanismos de contratación puede contribuir a corregir prácticas indebidas, también es indispensable preservar la facultad del INE para decidir, con criterios técnicos y procedimientos propios, quién produce los materiales que requiere. La transparencia de un organismo proveedor no sustituye la independencia de la autoridad que lo contrata. En una materia donde la certeza es indispensable, las garantías deben abarcar tanto la producción como las decisiones institucionales que la hacen posible.
La proximidad de las elecciones de 2027 obliga a revisar las condiciones necesarias para organizar comicios confiables, con reglas y procedimientos adecuados, contrataciones transparentes, competencia efectiva entre proveedores y mecanismos de producción, vigilancia y resguardo que no dejen espacio a interferencias. También exige que cualquier modificación en la estructura de producción de los materiales y la papelería electoral se sustente en criterios verificables y respete las facultades de la autoridad electoral. La legitimidad del INE no depende de que nadie cuestione su desempeño, sino de que pueda responder a los cuestionamientos con información y resultados verificables.
Al final, una institución que no rinde cuentas debilita su propia legitimidad, mientras que una institución sometida al poder pierde la razón de su autonomía. El desafío consiste en preservar ambas condiciones. La independencia sin responsabilidad puede convertirse en arbitrariedad, mientras que el control sin independencia puede derivar en subordinación. Ninguna de las dos fortalece la democracia. La autonomía protege a las instituciones del poder, pero la rendición de cuentas las protege de sí mismas.
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