Culiacán.- En un nuevo golpe a la estructura política y de seguridad del estado, Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Sinaloa durante la administración del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses este viernes. Con esta acción, Almanza Avilés se convierte en la tercera entrega de un alto exfuncionario sinaloense a la justicia de Estados Unidos en menos de tres semanas, dentro de la acusación federal presentada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra 10 funcionarios y exfuncionarios vinculados presuntamente al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de “Los Chapitos”.
La noticia, confirmada por múltiples fuentes periodísticas y reportes en redes sociales, intensifica la presión judicial sobre el entorno de Rocha Moya y pone en evidencia la creciente estrategia de entregas voluntarias ante el temor a una extradición forzosa o acciones más severas. Fuentes cercanas al caso indican que Almanza Avilés se presentó directamente ante autoridades federales estadounidenses, sumándose a un esquema que ya cuenta con dos entregas previas de alto perfil.
¿Quién es Marco Antonio Almanza Avilés y por qué lo acusa EU?
Almanza Avilés, de 54 años, acumuló más de 31 años de servicio en la Policía Investigadora (antes Ministerial) de Sinaloa. Ingresó en 1991 y llegó a dirigir la PDI de la Fiscalía General del Estado, cargo que ocupó desde aproximadamente 2017 hasta noviembre de 2022, abarcando el inicio de la administración de Rubén Rocha Moya en noviembre de 2021. Según la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU., fungió como uno de los dos exjefes de la Policía de Investigación clave en un esquema de protección al cártel.
El indictment federal, desclasificado el 29-30 de abril de 2026, lo identifica como uno de los 10 acusados en la causa “Estados Unidos contra Guzmán Salazar” (relacionada directamente con el caso de Los Chapitos). Se le señala de haber participado en una conspiración para importar masivas cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios y protección institucional. Reportes adicionales indican que EE.UU. lo ubicó en listas internas del Cártel de Sinaloa como “R1”, recibiendo supuestamente alrededor de 300 mil pesos mensuales.
Las acusaciones detallan que funcionarios como él dirigieron a policías estatales y municipales para proteger cargamentos, eliminar rivales del cártel y filtrar información sensible de operaciones policiales y militares. Los cargos incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseerlos, con penas que podrían alcanzar cadena perpetua o un mínimo obligatorio de 40 años.
Recuento completo de las entregas voluntarias a EE.UU. en este caso
Este es el tercer caso de entrega voluntaria de exfuncionarios sinaloenses acusados en la misma causa:
- Primera entrega (11 de mayo de 2026): Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa (2023-2024) y general en retiro. Se entregó en Arizona tras cruzar la garita de Nogales desde Hermosillo, Sonora. Quedó bajo custodia de los US Marshals y fue trasladado a Nueva York. Su audiencia inicial ya se realizó y la siguiente está programada para el 1 de junio de 2026. Se le acusa de recibir sobornos mensuales (alrededor de 100 mil dólares) y proteger operaciones de Los Chapitos.
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- Segunda entrega (mediados de mayo de 2026, alrededor del 15 de mayo): Enrique Alfonso Díaz Vega (o Enrique Díaz Vega), exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa (2021-2024). Fuentes indican que se entregó en Nueva York (algunos reportes mencionan una escala previa en Irlanda). Fungía como enlace clave entre el gobierno estatal y el cártel, según la acusación. Su entrega ocurrió horas después de la de Mérida.
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- Tercera entrega (29 de mayo de 2026): Marco Antonio Almanza Avilés, como se detalla hoy.
De los 10 acusados, varios más —incluido el propio Rubén Rocha Moya— han comparecido voluntariamente ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán en días recientes (como el 26 de mayo), pero hasta ahora solo estos tres han optado por presentarse directamente ante la justicia estadounidense. Los demás enfrentan la posibilidad de fichas rojas de Interpol y solicitudes de extradición.
El contexto de la acusación histórica contra Rocha Moya y su círculo
La acusación del Distrito Sur de Nueva York, presentada por el fiscal Jay Clayton, describe una asociación delictiva profunda entre altos funcionarios de Sinaloa y la facción de Los Chapitos (hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán). Según el Departamento de Justicia, Los Chapitos habrían ayudado a Rocha Moya a ganar la gubernatura en 2021 mediante secuestros e intimidación a rivales, a cambio de impunidad, nombramientos clave y protección para el trasiego de drogas.
Los 10 acusados son:
- Rubén Rocha Moya (gobernador con licencia)
- Enrique Inzunza Cázarez (senador y exsecretario general)
- Enrique Díaz Vega (ex Finanzas)
- Dámaso Castro Zaavedra (exfuncionario fiscal)
- Marco Antonio Almanza Avilés (ex PDI)
- Alberto Jorge Contreras Núñez “Cholo” (ex PDI)
- Gerardo Mérida Sánchez (ex SSP)
- José Antonio Dionisio Hipólito “Tornado”
- Juan de Dios Gámez Mendívil (alcalde con licencia de Culiacán)
- Juan Valenzuela Millán “Juanito” (mando policial, con cargos adicionales por secuestros y homicidios relacionados con un informante de la DEA)
El caso forma parte de una serie de indictments contra más de 30 miembros del Cártel de Sinaloa desde 2023 y resalta el rol de la corrupción estatal en la crisis de fentanilo que afecta a EE.UU.
Reacciones y declaraciones previas de Almanza Avilés
El 26 de mayo, Almanza Avilés compareció ante la FGR en Culiacán como testigo. Afuera de las instalaciones, negó cualquier vínculo con grupos delictivos: “Toda mi vida, 31 años, 6 meses y 5 días fui policía investigador… nunca he pertenecido a un grupo delictivo”. Inicialmente descartó entregarse voluntariamente a EE.UU., aunque dejó abierta la puerta a declarar si era requerido formalmente. “Si hay que ir a Estados Unidos a declarar, vamos y aclaramos. Yo no tengo por qué esconder nada”, afirmó entonces. Hoy, su entrega marca un giro en su estrategia.
Implicaciones: ¿Hacia dónde va el caso?
La ola de entregas voluntarias genera especulaciones sobre posibles acuerdos de cooperación con fiscales estadounidenses, lo que podría acelerar testimonios contra figuras de mayor jerarquía, incluido Rocha Moya. Analistas señalan que estas acciones debilitan cualquier narrativa de unidad entre los acusados y elevan la tensión en las relaciones México-EE.UU., en medio de la lucha contra el fentanilo y el crimen organizado transnacional.
Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal como gobernador y ha comparecido ante la FGR afirmando confianza en las instituciones mexicanas. Sin embargo, la presión internacional crece. Expertos en seguridad advierten que el caso podría tener repercusiones profundas en la política sinaloense y nacional, especialmente en un contexto de violencia persistente en el estado epicentro del cártel más poderoso del mundo.
Este desarrollo continúa en evolución. Se esperan más detalles sobre la comparecencia de Almanza Avilés en Nueva York y posibles actualizaciones sobre los demás acusados. La nota periodística se actualizará conforme surjan nuevos elementos del expediente federal.