Cuernavaca.- La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del Gobierno del Estado ha puesto la mira en la colonia Vista Hermosa. Tras el derribo de dos ejemplares de ficus, la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (PROPAEM) inició un proceso de fiscalización.
La polémica estalló luego de que el Ayuntamiento de Cuernavaca otorgara el permiso para la tala de ficus en Vista Hermosa. Sin embargo, de acuerdo con el titular de la SDS, Alán Dupré Ramírez, el sustento técnico de dicha autorización es, en el mejor de los casos, dudoso.
Falta de rigor técnico en el Ayuntamiento
El funcionario estatal fue contundente al señalar que cualquier intervención forestal urbana debe estar respaldada por un análisis fitosanitario real. En este caso, el municipio no presentó pruebas documentales ni fotográficas que justificaran que los árboles estaban enfermos.
Dupré Ramírez aclaró que, si bien el municipio tiene la atribución de gestionar el arbolado, no puede hacerlo a su antojo. "No basta con decir que están enfermos; se necesita evidencia clara y actas circunstanciadas realizadas por expertos", sentenció.
¿Negocio inmobiliario sobre el medio ambiente?
La orden de inspección emitida por la PROPAEM tiene un objetivo claro: determinar si la tala responde a una necesidad real o a intereses particulares. Existe la sospecha de que el retiro de los ficus busca facilitar proyectos de construcción en la zona.
Esta situación no es nueva en la capital morelense. El secretario recordó que en puntos como Río Mayo se han aplicado sanciones severas. Las multas por ignorar la manifestación de impacto ambiental pueden llegar a los 500 mil pesos.
Un llamado a la congruencia ambiental
Finalmente, la SDS hizo un llamado enérgico a las autoridades municipales para actuar con responsabilidad. Ante la crisis climática que atraviesa la entidad, la pérdida de áreas verdes impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos de Cuernavaca.
La inspección técnica en Vista Hermosa definirá si el Ayuntamiento y los particulares involucrados deberán enfrentar un proceso administrativo que podría derivar en sanciones económicas históricas para la zona.