Acapulco, Gro. – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, impidiendo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le imponga sanciones directas por presuntas irregularidades en el manejo de 898 millones de pesos.

Dicha cantidad corresponde a recursos ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal (FISM), el FORTAMUN, así como de participaciones federales de los ramos 33 y 38, durante la actual administración.

La ASF busca que la alcaldesa compruebe el uso y destino de estos recursos, sin embargo, la SCJN determinó que la auditoría no tiene atribuciones para aplicar sanciones directas, sino que debe canalizar los casos a los órganos internos de control o al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

“Es persecución política”: Abelina

En respuesta, Abelina López aseguró haber entregado ya la documentación correspondiente a la ASF y calificó el proceso como un intento de desacreditarla.
Es una persecución política, quieren manchar mi trabajo al frente del gobierno del puerto, pero tengo la conciencia tranquila y el apoyo del pueblo. No voy a pedir licencia al cargo”, declaró tajantemente.

La edil morenista insistió en que su administración ha sido transparente y reiteró que la resolución de la Corte confirma que ha actuado conforme a derecho.

Reacciones divididas

La resolución ha generado opiniones encontradas. Mientras sus simpatizantes la consideran una victoria judicial, organizaciones de fiscalización y transparencia advierten que el fallo no exonera a la presidenta, sino que modifica la vía legal del procedimiento.

“Esto no significa que no haya anomalías, solo que la ASF no puede castigarla directamente. El caso aún puede y debe ser investigado a fondo”, señalaron desde el colectivo Guerrero Transparente.

Desde la ASF, aún no se emite una postura oficial, pero fuentes internas indicaron que acatarán la sentencia, aunque estudian otras rutas legales para evitar que observaciones de esta magnitud queden sin consecuencias.

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