Tras sobrevivir a dos dosis de inyección letal, Christa Pike, la única mujer condenada a muerte en el estado de Tennessee, denunció ante un tribunal federal que las autoridades penitenciarias la mantienen bajo aislamiento en condiciones insalubres y rodeada de cucarachas.
La defensa legal de la interna presentó una declaración jurada dentro del expediente federal 3:22-cv-00537, donde advierte que el encierro en la enfermería del Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson (DJRC) viola un acuerdo firmado en septiembre de 2024 que puso fin a 28 años de confinamiento solitario.
Secuelas físicas tras la fallida ejecución
El pasado 30 de septiembre, personal penitenciario intentó ejecutar a Pike mediante inyección letal. Según el documento judicial, los agentes tuvieron severas dificultades para canalizar sus venas y aplicaron dos dosis de pentobarbital sin lograr quitarle la vida.
Tras el procedimiento fallido, la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital, donde permaneció conectada a un respirador artificial hasta recibir el alta médica el 9 de octubre.
Actualmente, Pike presenta quemaduras graves, daño nervioso, dolor crónico y heridas sin cicatrizar en ambos brazos, sin que los médicos determinen aún si las secuelas serán permanentes.
Denuncia plaga de cucarachas y riesgo de infección
A su regreso al penal de Nashville, la reclusa fue confinada exclusivamente en la enfermería, privándola de comidas grupales, clases, trabajo y servicios religiosos pactados en su plan de reinserción de 2024.
En su testimonio, Pike alertó que la ducha de la enfermería presenta una plaga de cucarachas que ella misma debe limpiar, situación que eleva el peligro de infecciones en sus brazos lesionados.
Además, sus abogados señalaron que volver al aislamiento agrava su trauma psicológico, aunque aclararon que tampoco puede regresar a su antiguo pabellón de máxima seguridad debido a su vulnerabilidad física frente a internas con historial violento.
Postura del estado y próxima audiencia federal
La defensa solicitó al tribunal que se le devuelvan sus pertenencias personales entregadas antes de la ejecución y se le asigne un espacio seguro con atención médica adecuada.
En respuesta, el fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, se opuso a la petición de emergencia al argumentar que el aislamiento responde a su estado de salud y nivel de seguridad, prometiendo su reincorporación una vez que sane.
Por su parte, el gobernador Bill Lee ordenó suspender todas las ejecuciones en Tennessee hasta finales de año e inició una investigación independiente; el caso se definirá en audiencia federal el próximo 1 de diciembre de 2026.
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