La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó el decreto de la reforma constitucional que prohibirá a los aspirantes a la presidencia de la república, gobernaturas de estado y jefatura de gobierno tener doble nacionalidad.
La modificación legal, impulsada a finales de agosto por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, establece que entrará en vigor a partir de 2028, eximiendo los comicios del 2027. Durante su conferencia matutina, la mandataria defendió la medida bajo el argumento de evitar la injerencia extranjera y priorizar la lealtad absoluta al país.
"Ningún presidente o presidenta, gobernador o gobernadora pueden tener doble nacionalidad", declaró Sheinbaum al firmar el decreto, añadiendo que quienes posean otra ciudadanía deberán renunciar a ella antes de competir por dichos cargos.
Contexto y presiones internacionales
La promulgación de esta reforma coincide con un escenario de tensiones políticas y presiones desde Washington para endurecer las acciones contra el narcotráfico. Ante las amenazas de intervención extranjera expresadas por el presidente estadounidense Donald Trump, el bloque oficialista también aprobó herramientas legales para anular elecciones por injerencia externa y sancionar el espionaje.
Cifras oficiales indican que cerca de 40 millones de personas de origen mexicano residen en Estados Unidos, lo que ha avivado el debate sobre el impacto de la nueva disposición en la comunidad migrante y sus lazos con la política nacional.
Debate político y señalamientos de la oposición
La aprobación acelerada del proyecto generó fuertes críticas de partidos opositores como el PAN, así como de activistas y empresarios. Los detractores sostienen que la medida vulnera los derechos políticos de millones de mexicanos en el extranjero y castiga la migración.
Figuras públicas como el empresario Ricardo Salinas cuestionaron la iniciativa, sugiriendo que el diseño normativo busca bloquear aspiraciones políticas de opositores. En contraparte, funcionarios del gobierno federal y diplomáticos recalcaron que la restricción responde a un incremento en las exigencias y responsabilidades de los puestos de alta jerarquía pública, descartando que se trate de un ataque generalizado contra la doble ciudadanía.
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