Pachuca, Hidalgo. — La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) separó a 23 docentes de sus cargos tras señalamientos de violencia sexual contra estudiantes. El titular de la dependencia, Natividad Castrejón Valdez, lo reveló durante su comparecencia ante el Congreso local al responder un cuestionamiento del diputado Jorge Argüelles Salazar (Nueva Alianza) sobre los mecanismos de prevención y atención de la violencia en los planteles educativos.
En total, la SEPH registró 219 reportes de violencia sexual que afectan a estudiantes en distintos entornos. De estos:
- 43 involucran a docentes. De ellos, 23 fueron separados por tocamientos de partes íntimas, envío de fotografías y videos de contenido sexual, propuestas de pago a cambio de mantener relaciones sexuales y mensajes de carácter erótico enviados a teléfonos celulares.
- 120 corresponden a agresiones entre alumnos (tocamientos y posesión de imágenes sexuales en dispositivos móviles).
- 56 se relacionan con el entorno familiar, entre los que se incluyen cuatro casos de violación.
Las denuncias fueron canalizadas a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, sistemas DIF, órganos internos de control y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la propia SEPH. Según reportes locales de la comparecencia, de alrededor de 2 mil 300 reportes de violencia recopilados en planteles y entornos familiares, cerca de 800 ya se desecharon o resolvieron, mientras muchos expedientes siguen en proceso legal.
El contexto del ciclo escolar 2025-2026
Estas cifras de violencia sexual se insertan en un panorama más amplio. Al cierre del ciclo 2025-2026 (corte al 27 de agosto), la SEPH acumuló 1,385 reportes de violencia en todos los niveles educativos (básica, media superior y superior). Representan un incremento cercano al 76 % respecto a los 787 del ciclo anterior.
El desglose principal fue:
- Violencia física: 380 casos (27.27 %).
- Violencia psicológica: 316 casos (22.76 %).
- Violencia sexual: 163 casos (11.78 %).
También se documentaron 83 casos relacionados con sustancias ilícitas, 56 de violencia sexual en el entorno familiar, 56 de exclusión social, 53 por artículos prohibidos, 43 de tendencia suicida y 43 por omisión de personal educativo, entre otros. Más de la mitad de los reportes ya estaban resueltos; los graves, especialmente de abuso sexual, se turnan de inmediato a la PGJEH y a las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes.
Castrejón Valdez ha atribuido el aumento de denuncias a una mayor cultura de reporte, particularmente en regiones como la Huasteca y la Otomí-Tepehua, donde antes casi no se presentaban quejas porque ciertas conductas estaban normalizadas.
Dimensión del sistema educativo hidalguense
Hidalgo atiende a cerca de 967 mil estudiantes en 8,717 escuelas, con una plantilla de 54,105 docentes (35,949 mujeres y 18,156 hombres). El nivel básico concentra la mayoría: más de 35 mil maestros. Los 23 docentes separados representan una fracción mínima del total, pero el impacto de estas conductas en la confianza de las comunidades escolares es significativo.
Contexto estatal de delitos sexuales
Hidalgo figura entre los estados con mayor incidencia de delitos contra la libertad y la seguridad sexual. Entre enero y agosto de 2026, la PGJEH abrió 1,651 carpetas de investigación por este tipo de ilícitos. El abuso sexual lideró con 563 carpetas, seguido de violación simple (362), violación a la intimidad sexual (261), violación equiparada (252) y hostigamiento sexual (162). Cuatro municipios —Pachuca, Tizayuca, Mineral de la Reforma y Tulancingo de Bravo— concentraron cerca del 41 % de los casos.
En los primeros cinco meses del año ya se habían superado las mil carpetas, un récord reciente. Estos datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que el problema trasciende las aulas, aunque las escuelas son un espacio clave de detección y denuncia.
Casos previos que marcaron a la entidad
El tema no es nuevo. En enero de 2026, el padre de un niño de 8 años con diagnóstico de autismo interrumpió un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en Tizayuca para exigir justicia por un presunto abuso sexual ocurrido en 2024 en la primaria Donaciano Serna Leal. Posteriormente fueron detenidos el director, una docente y un intendente. La SEPH activó protocolos de inmediato: el directivo fue reasignado a funciones administrativas y, luego de solicitud judicial, se le suspendió el sueldo mientras avanza el proceso.
En marzo de 2025, estudiantes del Centro Regional de Educación Normal (CREN) Benito Juárez en Pachuca realizaron un paro y protestaron por hostigamiento sexual, amenazas y abuso de poder. Se suspendió a cinco docentes; posteriormente la SEPH informó que tres no tenían responsabilidad legal y dos casos seguían en análisis.
Protocolos, separación y equilibrio
La SEPH aplica protocolos que incluyen la apertura de expediente, folio y canalización inmediata en casos graves. En denuncias de abuso sexual se separa al personal del aula y se evita contacto con alumnos. En casos graves bajo investigación de la PGJEH, se ha buscado que dejen de percibir sueldo hasta esclarecer el asunto. Al mismo tiempo, las autoridades reconocen que existen acusaciones sin fundamento que han dejado a maestros separados dos o tres años, dañando su reputación. Se trabaja en protocolos que protejan tanto a las niñas, niños y adolescentes como a los docentes frente a denuncias de mala fe, y se ha reformado la Ley de Educación estatal para reforzar la presunción de inocencia.
Castrejón Valdez ha insistido en que la educación es formativa, no punitiva, y ha llamado a no normalizar la violencia ni a presentar denuncias falsas, pues tienen consecuencias graves. Al mismo tiempo, ha pedido denunciar con sustento cualquier situación de riesgo.
Los 23 docentes separados y los 219 reportes de violencia sexual confirman que el problema persiste en las aulas y fuera de ellas. Las autoridades educativas y de procuración de justicia tienen ahora la responsabilidad de llevar cada caso hasta sus últimas consecuencias, con transparencia y debido proceso, para que las escuelas de Hidalgo sean espacios seguros de aprendizaje y no de riesgo.
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