El Senado presentó una iniciativa para adicionar un artículo 7 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor. La medida busca garantizar un mínimo de 120 minutos de estacionamiento gratuito en establecimientos comerciales, mercantiles y de prestación de servicios abiertos al público, siempre que el consumidor acredite compra o contratación de bienes o servicios.
La propuesta, turnada a las Comisiones Unidas de Defensa de los Consumidores y de Estudios Legislativos, no pretende eliminar el cobro de estacionamiento ni ignorar costos de operación, mantenimiento y seguridad. Busca equilibrar los intereses de los proveedores con el derecho de los consumidores a un trato justo, transparente y proporcional, evitando prácticas como el redondeo al alza y la falta de información visible sobre tarifas.
Detalles precisos de la iniciativa
Según la Gaceta del Senado y reportes periodísticos verificados, los establecimientos obligados incluyen plazas y centros comerciales, tiendas de autoservicio, supermercados, tiendas departamentales, mercados, cines, restaurantes, hospitales, clínicas, gimnasios, terminales de transporte y cualquier inmueble similar destinado a la atención del público. Aplica a estacionamientos propios, concesionados, subrogados o administrados por terceros.
Para acceder a las dos horas gratuitas, el consumidor debe acreditar el consumo mediante ticket de compra, comprobante fiscal, validación digital u otro medio accesible. Queda expresamente prohibido condicionar la gratuidad a un monto mínimo de consumo. Una vez agotado el periodo gratuito, el cobro debe corresponder al tiempo efectivamente utilizado, sin redondeos que obliguen a pagar una hora completa por una fracción. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) verificaría el cumplimiento y vigilaría que las tarifas posteriores no sean excesivas, desproporcionadas o abusivas, pudiendo imponer multas o avisos conforme a la ley.
En la propuesta se argumenta que el crecimiento de espacios comerciales ha vinculado estrechamente el estacionamiento con la experiencia de consumo. Un consumidor que no teme al cobro permanece más tiempo, compra con mayor confianza y regresa, fortaleciendo la economía formal. El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado difundió la propuesta destacando que los cobros excesivos afectan el bolsillo de las familias.
Contexto: un tema recurrente en el Congreso y a nivel local
Esta no es la primera iniciativa sobre el tema. En la Cámara de Diputados se han presentado propuestas similares:
- En abril de 2025, el diputado Armando Corona Arvizu (Morena) impulsó adicionar un artículo 7 Bis 1 a la misma ley para garantizar dos horas gratuitas en plazas, autoservicios y similares, con acreditación de consumo y sin mínimo.
- En diciembre de 2025, el diputado Luis Orlando Quiroga Treviño (PVEM) propuso modificaciones al artículo 7 para obligar a proveedores a dar al menos las primeras dos horas gratuitas y considerar abusivo condicionar el acceso mediante cobro de estacionamiento. Se estima que existen más de 900 centros comerciales en México, según datos de la Asociación Mexicana de Plazas Comerciales citados en coberturas.
- Otras iniciativas han abordado seguros de responsabilidad civil y gratuidad de dos horas (por ejemplo, de la diputada Ciria Yamile Salomón Durán, PVEM, en enero de 2026).
A nivel local, el tema también avanza:
- En la Ciudad de México, en marzo de 2026, el diputado Pedro Haces Lago (Morena) propuso reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles para garantizar al menos 60 minutos gratuitos a quien acredite consumo, aplicable a plazas, cines, hospitales, restaurantes y otros, incluso si el estacionamiento lo opera un tercero.
- En el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez impulsó una propuesta (leída en octubre de 2026) para 60 minutos gratuitos en centros comerciales, autoservicios, restaurantes, cines, hospitales, escuelas privadas, hoteles y más. El Congreso local la analiza en comisiones, junto con otras iniciativas de distintos partidos. Algunas versiones contemplan que no dependa de consumo mínimo en ciertos casos, y excluyen negocios cuyo único giro es el estacionamiento si no están vinculados a otras unidades.
En algunos estados, como San Luis Potosí, existen leyes o exhortos que buscan limitar o prohibir cobros en centros comerciales, aunque enfrentan amparos y aplicación irregular.
Tarifas actuales y quejas de consumidores
Los cobros varían ampliamente. En Morelos, los estacionamientos cobran en promedio 20 pesos por hora. En centros comerciales premium de la CDMX pueden superar los 30 pesos por hora; en el Centro Histórico, entre 35 y 70 pesos. En plazas de Puebla se reportan 15-20 pesos por hora o fracción, con quejas de saturación, fallos en sistemas y percepción de abusos durante eventos como el Buen Fin. En el Valle de México (zonas como Nezahualcóyotl o Chalco) llegan hasta 60 pesos por hora, acompañadas de denuncias de inseguridad (robos de autopartes) pese al pago. En Pachuca se han documentado incrementos de 15 a 20 pesos por fracción de hora, con deslindes de responsabilidad por daños o robos.
Reportes periodísticos y usuarios en redes sociales señalan problemas de redondeo, falta de información visible, sistemas de cobro defectuosos y la sensación de “doble cobro” (por el bien o servicio y por el estacionamiento). Se estima que en la CDMX hay alrededor de 6.5 millones de cajones de estacionamiento públicos y privados. Datos de INEGI citados en iniciativas previas apuntan a más de 600 plazas de mediano y gran tamaño y más de 3 mil tiendas de autoservicio en el país (cifras de 2023).
El trámite actual es de análisis en comisiones. Para convertirse en ley requiere dictamen favorable, discusión y aprobación en el Pleno del Senado, eventual revisión en la Cámara de Diputados y publicación en el Diario Oficial de la Federación. No hay fecha estimada de resolución; iniciativas similares en ambas cámaras han enfrentado el proceso legislativo habitual de revisión técnica y de impacto.
Implicaciones y debate
La medida responde a quejas recurrentes de consumidores sobre costos desproporcionados y prácticas opacas. Sus defensores la ven como protección al bolsillo familiar y estímulo al consumo formal. Críticos potenciales (aún no ampliamente documentados en esta iniciativa específica) suelen señalar posibles costos operativos para los negocios, especialmente pequeños o con estacionamientos concesionados, y la necesidad de no imponer cargas desproporcionadas. La propuesta misma reconoce costos legítimos y limita la gratuidad a un periodo mínimo con acreditación de consumo.
En un contexto de inflación y presión sobre el gasto de las familias, temas de consumo cotidiano como el estacionamiento generan alto interés público y búsquedas frecuentes. Esta iniciativa se suma a un patrón de propuestas legislativas federales y estatales que buscan regular un servicio percibido como accesorio al consumo.
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