Cuernavaca, Morelos.- Luego de tres meses de trabajo y siete mesas de diálogo sin acuerdos concretos, organizaciones de la sociedad civil decidieron suspender las conversaciones con autoridades estatales en torno a la regulación de los cobros por arrastre de grúas y servicios de corralón.
Integrantes de estos colectivos señalaron que la inconformidad ciudadana sigue vigente debido a los altos costos asociados al resguardo de vehículos. Denunciaron que, ante la ausencia de un tabulador estatal, no existen criterios claros para los cobros, afectando incluso a quienes han sido víctimas del robo de sus unidades y deben pagar sumas excesivas para recuperarlas tras ser localizadas.
El Decreto 1004 en el olvido
Los representantes ciudadanos recordaron que en noviembre pasado se aprobó por unanimidad la iniciativa contra la “doble victimización”, impulsada por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Dicha reforma fue publicada como el Decreto 1004 en el Periódico Oficial Tierra y Libertad el pasado 3 de febrero; sin embargo, su implementación efectiva sigue trabada.
Señalaron que, a pesar de los encuentros sostenidos para analizar adecuaciones a la normativa, no se lograron consensos. Los colectivos criticaron que la propuesta de las autoridades se enfoca meramente en la operación del servicio, dejando de lado la protección integral de los derechos de los usuarios.
Seguirán la lucha legislativa
Ante la falta de avances en las mesas de negociación, los activistas adelantaron que continuarán buscando mecanismos legales y legislativos para que sus planteamientos sean integrados.
El objetivo principal es frenar los abusos de las empresas de grúas y garantizar que el proceso de revisión legislativa no ignore las necesidades de los ciudadanos de Morelos, quienes terminan pagando las consecuencias de una regulación laxa.