Cuernavaca, Morelos.- El panorama urbano del estado de Morelos está por cambiar radicalmente tras la publicación de una reforma legal que busca poner fin a la anarquía publicitaria.
A partir de la entrada en vigor del Decreto 1135, el Congreso del Estado ha oficializado sanciones severas contra quienes utilicen el mobiliario urbano para fines comerciales o políticos sin autorización.
Esta medida surge como respuesta a la saturación de anuncios en espacios públicos, los cuales no solo generan contaminación visual, sino que representan un riesgo para la seguridad vial y peatonal.
Prohibición total en infraestructura básica
La nueva normativa es tajante al señalar que queda estrictamente prohibido fijar, pintar o adherir cualquier tipo de propaganda en postes de energía eléctrica y telecomunicaciones.
De igual forma, la restricción se extiende a semáforos, señales de tránsito, árboles, áreas verdes, así como puentes peatonales y vehiculares en todo el territorio estatal.
El objetivo primordial es preservar el equipamiento que no ha sido diseñado para la exhibición publicitaria, garantizando que los elementos urbanos cumplan exclusivamente con su función original.
Multas que superan los 117 mil pesos
Para asegurar el cumplimiento de la ley, las sanciones económicas se han ajustado a la gravedad de la falta. Los infractores enfrentarán multas que van de los 100 a los mil UMAs.
Tomando en cuenta el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, el monto máximo de la sanción puede llegar a los 117 mil 310 pesos por evento detectado.
Esta responsabilidad recaerá directamente sobre los particulares, empresas o partidos políticos que resulten beneficiados por la publicidad o que hayan ordenado su instalación.
Retiro inmediato y cobro por limpieza
Una de las facultades más relevantes otorgadas a los ayuntamientos es la capacidad de retiro inmediato de la propaganda ilegal sin necesidad de previo aviso al infractor.
Sin embargo, el costo por la limpieza, el retiro y la reparación de posibles daños estructurales en el mobiliario no será absorbido por el erario público municipal.
El decreto establece que dichos gastos deberán ser cubiertos en su totalidad por los responsables, lo que añade una carga financiera adicional a la multa administrativa.
Plazos y excepciones de la ley
El Periódico Oficial "Tierra y Libertad" especifica que los municipios morelenses cuentan con un plazo de 90 días naturales para adecuar sus reglamentos internos a estas disposiciones.
En cuanto a la propaganda electoral, la ley contempla una excepción temporal: durante los procesos comiciales, se regirán bajo la legislación electoral vigente en la materia.
Con esta reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable, Morelos se encamina hacia un modelo de ciudad más limpio y ordenado para todos los ciudadanos.