Cuernavaca.- El Poder Judicial de Morelos decidió poner fin a los excesos y privilegios de sus funcionarios. Como parte de un plan emergente de austeridad, la institución ordenó la cancelación inmediata de la compra de refrescos y bebidas. Esta medida se tomó tras descubrirse que el año pasado se derrocharon cerca de 800 mil pesos en mantener hidratados a los trabajadores con cargo al erario.
Javier García Tinoco, presidente del Órgano de Administración Judicial del Estado de Morelos, confirmó este recorte fulminante. El funcionario explicó que la revisión a fondo de los contratos administrativos dejó al descubierto fugas de dinero inexplicables. Estos recursos ahora se necesitan con urgencia para cubrir las deudas históricas del tribunal.
El dinero de los ciudadanos ya no se irá en azúcares ni lujos para los jefes. Con esta estrategia se busca redirigir cada peso hacia las presiones financieras más críticas que enfrenta la institución. El problema principal radica en el pago de pensiones y jubilaciones de los trabajadores que dedicaron su vida al servicio público.
Adiós a los celulares gratis para los magistrados
Los recortes no se detuvieron en la cooperativa de las oficinas. Los cinco integrantes del Órgano de Administración Judicial se vieron obligados a poner el ejemplo. Los funcionarios renunciaron de manera definitiva a la prestación de telefonía celular institucional que pagaba el tribunal.
Además, se canceló por completo la adquisición de vehículos nuevos y uniformes que ya estaban programados. Todo ese capital fue reasignado de inmediato para fondear las obligaciones legales con los jubilados. Los magistrados buscan garantizar que la operación del sistema de justicia no colapse a mitad de año.
“Estamos tratando de ser razonables con el gasto para que los recursos alcancen hasta septiembre y cumplir con nuestras obligaciones”, señaló de manera contundente García Tinoco.
Internet inflado y teléfonos fantasma en el tribunal
La limpia administrativa alcanzó los contratos de servicios tecnológicos que se pagaban a ciegas. El presidente del órgano documentó que un convenio de internet costaba medio millón de pesos. Tras un rápido estudio de mercado, el contrato se renegoció y bajó a 350 mil pesos por el mismo servicio.
El desorden era tal que la auditoría interna detectó un lote de "teléfonos fantasma". De las 190 líneas telefónicas fijas que el Poder Judicial pagaba mes con mes, al menos 40 no funcionaban. Los aparatos estaban arrumbados o inservibles, pero la factura seguía llegando y pagándose puntualmente con dinero público.
Actualmente se ejecuta una depuración total de estos servicios contratados para cortar los pagos innecesarios. La intención es limpiar la nómina y los gastos operativos antes de que termine el periodo actual de administración.
Renta de inmuebles bajo la lupa de la austeridad
El gasto en bienes raíces también entró en la tijera de la austeridad estatal. En el municipio de Jiutepec se detectó un contrato de arrendamiento sumamente desventajoso firmado por diez años. Las instalaciones judiciales le costaban al estado una fortuna mensual de 85 mil pesos.
Los administradores lograron sentarse con la propietaria del inmueble para modificar las condiciones del trato. El contrato se redujo a una vigencia de solo un año. Además, se logró una rebaja en la renta mensual, la cual bajó a 65 mil pesos, aliviando la carga del presupuesto estatal.
La situación financiera del Poder Judicial sigue siendo delicada a pesar de estos ahorros. Por ello, el pasado 8 de mayo solicitaron formalmente una ampliación presupuestal por 321 millones de pesos. De esa enorme cantidad, 37 millones se van directo a pagar los adeudos de pensiones acumulados entre 2025 y 2026.