CUERNAVACA.- El exalcalde de Cuernavaca Antonio Villalobos, junto con antiguos colaboradores de su administración municipal, recibió una resolución sancionatoria emitida por autoridades del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la entidad.
La determinación emitida por los magistrados impone una sanción económica individual de un millón 347 mil 510.98 pesos a los involucrados, además de ordenar la inhabilitación inmediata para ejercer cargos públicos durante un año.
El fallo definitivo se deriva del expediente TJA/4ªSERA/PPRA-FG-014/2025, el cual califica la conducta procesada como una falta administrativa grave ocurrida durante la gestión de la capital morelense.
Expediente oficial por faltas graves en Cuernavaca
El procedimiento legal responde a las auditorías realizadas al ayuntamiento capitalino sobre el periodo de gobierno 2019-2021, donde se detectaron omisiones severas en el manejo financiero.
Aparte del ex presidente municipal, la resolución vincula a José Reynold Quiñones Salinas, ex tesorero municipal, así como a Luis Ángel Nava Guadarrama, ex director general de Contabilidad e inspección presupuestal.
Cada uno de los ex servidores públicos señalados en la resolución del TJA deberá cubrir el monto fijado por concepto de la reparación del daño al erario público municipal.
Desvío de fondos del predial e inconsistencias contables
Las investigaciones de fiscalización evidenciaron inconsistencias graves vinculadas a la utilización de más de 25 millones de pesos que provenían de la recaudación del Impuesto Predial.
Dichos recursos fueron obtenidos mediante cobros anticipados por concepto de servicios municipales, sin que existiera la debida justificación o apego a los lineamientos normativos de la administración pública.
Adicionalmente, los auditores detectaron la suscripción irregular de contratos públicos, omitiendo de forma clara los procedimientos estipulados por la ley estatal.
Ocultamiento financiero y fallas en cuentas bancarias
Durante el análisis del expediente de responsabilidad administrativa, quedaron expuestas omisiones intencionadas en los registros de contabilidad sobre diversas cuentas bancarias operadas por el ayuntamiento.
El tribunal concluyó que existió una recurrencia en conductas clasificadas como abuso de funciones y encubrimiento, las cuales impidieron un control transparente sobre el dinero de los ciudadanos.
Con este fallo definitivo, la autoridad administrativa sienta un precedente sobre la rendición de cuentas de ex servidores públicos que incurren en faltas graves dentro del estado de Morelos.
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