Cuernavaca.- El Instituto Nacional de Migración (INM) en Morelos informó que, durante los primeros meses de 2026, se han identificado a 54 personas en situación migratoria irregular dentro de la entidad. Los datos revelan que, entre los grupos detectados, los ciudadanos de nacionalidad colombiana son quienes encabezan las cifras de aseguramiento.
De acuerdo con el organismo federal, estas personas fueron localizadas gracias a los esquemas de vigilancia permanente que se despliegan en el estado. En la mayoría de los casos, los migrantes fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para iniciar los procedimientos legales necesarios para determinar su situación jurídica.
Vigilancia en puntos estratégicos
Sergio Alberto Martínez Castuera, representante del INM en la entidad, detalló que el instituto mantiene una operatividad constante mediante 14 puntos de revisión. Estos filtros se concentran principalmente en centrales de autobuses, zonas identificadas como los principales nodos de movilidad para las personas que transitan por el territorio morelense.
El funcionario subrayó que la mayoría de los extranjeros localizados manifestó tener intención de residir en Morelos al momento de su identificación, lo que marca una pauta importante en los operativos de control y verificación.
Tendencia estable tras el 2024
Al comparar el panorama actual con años anteriores, Martínez Castuera aseguró que los registros se mantienen dentro de los parámetros esperados. El representante del INM recordó que 2024 fue un año calificado como "atípico", tanto a nivel nacional como en el estado, debido a una oleada inusualmente alta de flujos migratorios que disparó las cifras de detección.
Sin embargo, el funcionario puntualizó que, dejando de lado aquel fenómeno excepcional, el comportamiento del flujo migratorio irregular en Morelos ha vuelto a mostrar una tendencia estable.
Una vez que los agentes del INM realizan la identificación de los extranjeros que no acreditan su estancia legal en el país, el protocolo establece que deben ser remitidos ante las autoridades competentes. Allí se define si el proceso culminará en un retorno asistido o en una deportación, siempre bajo el estricto cumplimiento de la legislación migratoria vigente en México.