Cuernavaca.- Las mujeres privadas de la libertad en el estado forman parte de un esquema de reinserción social sin precedentes en el país. A través de la creación de una empresa social, el penal femenil de la capital morelense se transforma en un centro productivo enfocado en la elaboración de insumos médicos.
Esta iniciativa busca romper con los esquemas maquiladores tradicionales para convertir a las participantes en socias de su propio proyecto económico. Las reclusas elaborarán sábanas, batas y blancos que abastecerán directamente al sector salud público, en especial al sistema IMSS-Bienestar.
Un modelo de trabajo digno para el sustento familiar
La mandataria estatal, Margarita González Saravia, formalizó la alianza entre el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Con esta firma se establece el taller especializado dentro de las instalaciones penitenciarias.
A diferencia de las esquemas operados por firmas privadas, la cooperativa garantiza que los recursos generados lleguen sin intermediarios a las internas. Esto permite que las mujeres mantengan el respaldo económico hacia sus familias desde el interior del complejo penal.
Capacitación integral y vinculación con la comunidad
El proyecto contempla una fase inicial de formación técnica y operativa, debido a que la mayoría de las participantes carece de experiencia en la confección. Por ello, las autoridades habilitaron la infraestructura eléctrica, los protocolos de resguardo y la maquinaria industrial requerida.
Catalina Monreal Pérez, titular del INAES, detalló que la estrategia no se limita al espacio de reclusión. El programa contempla la integración activa de las familias de las reclusas en actividades comerciales externas, con el fin de reconstruir el tejido social y blindar el proceso de reinserción.
Certidumbre laboral para el momento de la libertad
Por su parte, el coordinador del Sistema Penitenciario en la entidad, Josué Israel Molina Díaz, subrayó que el acceso a un empleo remunerado constituye un derecho fundamental dentro del proceso sancionador. La capacitación técnica otorgará herramientas operativas reales para cuando las participantes concluyan sus condenas.
El Gobierno del Estado y la Federación prevén que el funcionamiento de esta primera cooperativa sirva como prueba piloto. De obtener los resultados esperados, el esquema se replicará en los diferentes centros penitenciarios del territorio mexicano.
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