El jueves pasado, en Washington, el gobierno de Donald Trump, por medio de los secretarios de Estado Marco Rubio y del Tesoro Scott Bessent y del ideólogo Stephen Miller, presentó una arquitectura antiterrorista contra lo que ellos denominan “terrorismo de extrema izquierda”. El instrumento para combatirlo es la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que sin juicio de por medio puede designar a una organización como amenaza a la seguridad y congelarle activos y vetarle el acceso al sistema financiero estadounidense. Su aparente objetivo es presionar financieramente a gobiernos y sociedades civiles poco alineados con los intereses de EEUU. La organización del evento reportó 60 países asistentes, sin lista oficial del Departamento de Estado. Sí se sabe que no asistieron México, Brasil, Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Austria.
Para México el riesgo es directo. La OFAC ya designó como terroristas a cuatro grupos europeos y el mecanismo es replicable: una ONG mexicana que se oponga a un proyecto minero o energético estadounidense, documente abusos de derechos humanos o defienda migrantes puede ser señalada como “facilitadora” y perder su financiamiento. Rubio sumó el factor cubano al vincular los servicios de inteligencia de La Habana con la izquierda hemisférica. Así, la cooperación médica y energética con Cuba se vuelve otra ficha de presión al arrancar la revisión del T-MEC.
Con esta política trumpiana, la frontera entre protesta social y terrorismo se difumina y EEUU podría presionar para endurecer la represión contra movimientos campesinos, sindicales e indígenas de México, Brasil o cualquier país.
El malestar no se queda en América Latina. Varios países europeos sí mandaron delegación, según reportes de TIME, pero la lista esconde una fractura: incómodos con ignorar a la extrema derecha mientras patologizan a la izquierda, varios gobiernos evitaron exponer a sus cancilleres. Italia mandó a un subsecretario, no a un ministro, y España asistió a nivel de embajada.
Más elocuente es el peso de quienes faltaron. Bélgica es sede de la Unión Europea, Dinamarca y Finlandia son pilares nórdicos, Austria se refugió en su neutralidad. Rubio atribuyó a terroristas de izquierda un sabotaje de autoría desconocida a la red eléctrica de Berlín en enero pasado, y otro a una vía férrea francesa sin condena, en julio de 2024. Ninguno prueba lo que exige esta doctrina, y aún así, el Convenio Europeo de Derechos Humanos exige debido proceso: congelar cuentas por sospecha ideológica expondría a cualquier gobierno a demandas en sus tribunales y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.
¿Sobrevivirá esta política a Trump? La retórica de Miller, que llama a la izquierda “cáncer mortal para la civilización”, se acabará con su gobierno, pero la maquinaria financiera no. Los poderes de la Patriot Act nunca se desmantelaron tras el 11-S, se normalizaron. En cuanto la OFAC fiche a la izquierda latinoamericana como riesgo permanente, esos protocolos seguirán operando por décadas, con Trump o sin él.
México y otros países no asistieron a la reunión, así dijeron que no. Europa hizo lo mismo a medias, con cancilleres ausentes de la mesa pero subalternos ocupando la silla. Todavía no decide si su lugar está adentro o afuera.
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