Ruiz-Healy Times: Si van contra la corrupción, que vayan contra toda

Me parece que es muy impor­tante dar cer­teza a la elec­ción del 2027, des­pués de todo esto”, dijo ayer la pre­si­denta Clau­dia Shein­baum durante su Maña­nera al refe­rirse a la inves­ti­ga­ción que se rea­liza en torno a con­tra­ta­cio­nes del INE, y pidió a este y a los ins­ti­tu­tos esta­ta­les que den linea­mien­tos cla­ros de con­tra­ta­ción. En la misma Maña­nera la secre­ta­ria de Anti­co­rrup­ción y Buen Gobierno, Raquel Buen­ros­tro mos­tró que seis empre­sas liga­das a los her­ma­nos José Alfredo y Ray­mundo Her­nán­dez Casi­llas, con­si­guie­ron de 23 orga­nis­mos elec­to­ra­les loca­les con­tra­tos por 2,740.3 millo­nes de pesos entre 2015 y 2025. Ray­mundo y Tatiana, hija de José Alfredo, com­pe­tían entre sí en el papel, pero ambos repre­sen­tan a cua­tro empre­sas y en tres coin­ci­den. Tam­bién ayer se informó que la UIF con­geló cuen­tas de 40 per­so­nas y empre­sas invo­lu­cra­das en el escán­dalo.

Qué bueno que se inves­ti­guen estos casos que mues­tran una posi­ble colu­sión entre pro­vee­do­res y fun­cio­na­rios. Ojalá sean una señal de que el gobierno fede­ral está dis­puesto a ir con­tra la corrup­ción, incluso cuando se trata de orga­nis­mos autó­no­mos. Aún falta exten­derla al resto del gasto público, donde tam­bién debe haber cer­teza.

El artí­culo 134 cons­ti­tu­cio­nal ordena lici­tar las com­pras públi­cas y deja la adju­di­ca­ción directa y la invi­ta­ción res­trin­gida como excep­cio­nes, para paten­tes exclu­si­vas, urgen­cias o mon­tos meno­res. No hay cifras con­so­li­da­das de los gobier­nos de Fox y del ini­cio del de Cal­de­rón, pero el 78.3% de los con­tra­tos fede­ra­les en 2022 fue asig­nado direc­ta­mente y el 73.6% en 2012, según varios infor­mes. Con Peña Nieto el por­cen­taje osciló entre el 74.9% y el 82.6%, y con López Obra­dor pro­me­dió 80% a pesar de que su Plan Nacio­nal de Desa­rro­llo pro­me­tió prohi­birlo, En el 2025 se redujo hasta un 65 %. El IMCO estimó que en 2020, por pri­mera vez, el dinero asig­nado sin lici­ta­ción —205,195 millo­nes de pesos— fue mayor al asig­nado mediante lici­ta­ción, sin saberse cuán­tas de esas asig­na­cio­nes cum­plie­ron con los supues­tos lega­les. En octu­bre se cono­ció que la Defensa entregó por invi­ta­ción más de 4,000 millo­nes de manera directa para el Tren Maya de carga a pro­vee­do­res sin expe­rien­cia ferro­via­ria.

Lo que más cuesta saber es qué se con­trató cuando la infor­ma­ción se man­tuvo oculta durante años. El 22 de noviem­bre de 2021 un acuerdo de AMLO declaró de segu­ri­dad nacio­nal las obras prio­ri­ta­rias, y aun­que la Suprema Corte lo declaró invá­lido en mayo de 2023, ese recurso siguió usán­dose. El 19 de agosto de 2022, Fona­tur Tren Maya reservó el costo total del tren hasta agosto de 2027, y la Audi­to­ría Supe­rior debió omi­tir el monto actua­li­zado al revi­sar la Cuenta Pública 2022.

Si seis empre­sas cap­ta­ron 2,740 mdp en ins­ti­tu­tos elec­to­ra­les, cabe pre­gun­tar cuán­tas redes simi­la­res cre­cie­ron a la som­bra de la excep­ción y de la reserva en Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE, secre­ta­rías de Estado, órga­nos autó­no­mos, uni­ver­si­da­des autó­no­mas y gobier­nos esta­ta­les y loca­les. Si la bata­lla con­tra la corrup­ción va en serio, el siguiente paso es can­ce­lar esas reser­vas y cru­zar socios y apo­de­ra­dos con los con­tra­tos asig­na­dos, aun­que el resul­tado inco­mode a muchos more­nis­tas, priis­tas, panis­tas, ver­des, petis­tas, eme­cis­tas y polí­ti­cos, fun­cio­na­rios, empre­sa­rios y coyo­tes en activo o reti­ra­dos.

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