El reporte de incidencia delictiva con corte al 30 de abril de 2026 ofrece cifras que deben analizarse. El promedio diario de homicidios dolosos cayó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 49.4 en abril de 2026, una reducción del 43.2%.
Enero cerró con 52.6 homicidios diarios; febrero, con 51.6; marzo, con 51.3: tres meses de meseta con una variación de apenas 0.6%. En abril se produjo el quiebre: 49.4 casos diarios, una reducción mensual del 3.7%, coincidente con la detención de Audias Flores, alias “El Jardinero”, operador financiero del CJNG, y del húngaro János Balla, presunto enlace de ese grupo con redes de tráfico internacional y uno de los 10 delincuentes más buscados en Europa. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está desarticulando mandos, pero cuando se descabeza una organización suele venir un repunte violento por la lucha sucesoria. El éxito es real, pero frágil.
Donde la estrategia es más exitosa es en los delitos logísticos que forman parte de la cadena operativa del crimen organizado. El robo a transportista bajó 26.5% entre el primer cuatrimestre de 2025 y el de 2026; el robo de vehículo cayó 39% desde octubre de 2024. Los delitos que ocurren en la calle, en cambio, avanzan mucho más lento: el robo a transeúnte y en transporte público solo bajó 9.2% en el mismo lapso. La presencia del Estado en callejones y paraderos es escasa y muchas policías locales carecen de recursos y de elementos bien capacitados.
El feminicidio es el indicador que mejor expone los límites del modelo de seguridad. Mientras los delitos federales bajaron 52% respecto a 2018, el feminicidio apenas cedió 7.8% en el primer cuatrimestre de 2026 contra el anterior. El problema son las fiscalías sin unidades especializadas, las policías sin protocolos de atención a víctimas y los juzgados donde las órdenes de protección llegan tarde o no se ejecutan. Es una falla de los gobiernos estatales y municipales, los más cercanos a las víctimas.
El desmantelamiento de 2,337 laboratorios entre octubre de 2024 y abril de 2026 tiene además una consecuencia no prevista: al destruir la principal fuente de ingresos de los cárteles, se provoca una crisis de liquidez en las cúpulas, pero las células locales responden intensificando delitos de subsistencia como el robo a negocio, la extorsión y los asaltos. El delincuente baja de nivel: si no puede traficar, asalta la miscelánea de la esquina.
Con la tasa de descenso mensual promedio de 2.06% observada en este cuatrimestre, los homicidios llegarían a diciembre a entre 43.5 y 45.2 casos diarios, cifra que el Gobierno presentará, con razón, como un triunfo histórico.
Lo que el reporte revela es que los recursos desplegados —fuerzas federales, inteligencia financiera, operativos en carreteras— son eficaces para desarticular cárteles y proteger cadenas logísticas, pero menos eficaces para proteger al ciudadano en su vida cotidiana. Hay avances reales, pero muchas autoridades locales siguen fallando.
México es un mosaico: hay estados donde la reducción de la delincuencia ya es palpable en la vida diaria; hay otros donde el miedo persiste en el transporte público y en las pequeñas empresas. Cerrar esa brecha, que hoy son el eslabón más débil del sistema de seguridad, es el reto de las autoridades locales.
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