Ruiz-Healy Times: Rocha pide licencia; México exige pruebas a EEUU y la FGR debe investigar a fondo

El miér­co­les pasado la fis­ca­lía del Dis­trito Sur de Nueva York (SDNY) acusó al gober­na­dor de Sina­loa, Rubén Rocha Moya, al sena­dor Enri­que Inzunza Cáza­rez, al alcalde de Culia­cán, Juan de Dios Gámez, al vice­fis­cal Dámaso Cas­tro Zaa­ve­dra, a dos exje­fes poli­cia­les, al exse­cre­ta­rio de Segu­ri­dad, a un exsub­di­rec­tor y a dos coman­dan­tes. Los car­gos: cons­pi­ra­ción para intro­du­cir fen­ta­nilo, cocaína, heroína y metan­fe­ta­mi­nas en EEUU y pose­sión de armas y explo­si­vos, con penas míni­mas de 40 años y cadena per­pe­tua posi­ble. El SDNY soli­citó al gobierno de México la deten­ción pro­vi­sio­nal de los diez para efec­tos de extra­di­ción.

La acu­sa­ción, en forma de un indict­ment, exhibe lis­tas manus­cri­tas de sobor­nos, can­ti­da­des en pesos y dóla­res, y deta­lla encuen­tros entre Rocha y Los Cha­pi­tos, reda­das a labo­ra­to­rios sabo­tea­das por fun­cio­na­rios corrup­tos y, en el caso más serio, el secues­tro y ase­si­nato en octu­bre de 2023 de una fuente con­fi­den­cial de la DEA y sus fami­lia­res, entre ellos un menor de 13 años. Es una acu­sa­ción a la que le fal­tan las prue­bas que demos­tra­rían el delito en un jui­cio.

En México no tiene valor pro­ba­to­rio un indict­ment, pues la ley exige que toda soli­ci­tud de aprehen­sión con­tenga las prue­bas que la jus­ti­fi­quen si el delito se hubiese come­tido aquí. La FGR res­pon­dió que en los docu­men­tos envia­dos no hay prue­bas que jus­ti­fi­quen “la urgen­cia de la deten­ción pro­vi­sio­nal”, por­que si bien el Artí­culo 11 del Tra­tado de Extra­di­ción entre México y EEUU per­mite soli­ci­tar una deten­ción con sólo una acu­sa­ción, el Artí­culo 10 requiere el paquete com­pleto de prue­bas. El SDNY envió lo pri­mero, pero no lo segundo.

En dece­nas de casos ante­rio­res, México detuvo a supues­tos delin­cuen­tes solo con base en un indict­ment y le dio a EEUU 60 días para enviar el expe­diente com­pleto. Lo que hace iné­dita esta acu­sa­ción es que va con­tra un gober­na­dor en fun­cio­nes, un sena­dor con fuero, un pre­si­dente muni­ci­pal y otros siete fun­cio­na­rios acti­vos o recién sali­dos del cargo. La mayo­ría de ellos son mili­tan­tes de Morena.

Rocha soli­citó licen­cia el sábado; el Con­greso la aprobó y designó a Yeral­dine Boni­lla como gober­na­dora inte­rina. Tam­bién pro­me­tió demos­trar que las acu­sa­cio­nes en su con­tra son fal­sas, lo cual es una doble impo­si­bi­li­dad jurí­dica, pues la ino­cen­cia se pre­sume y quien acusa debe pro­bar. La Cons­ti­tu­ción de Sina­loa no aclara si la licen­cia sig­ni­fica de pér­dida de fuero. Gámez tam­bién pidió licen­cia. Inzunza dice que no dejará el cargo, pero, según nota de ayer en El Uni­ver­sal, sus abo­ga­dos bus­can que el SDNY lo acepte como coo­pe­rante a cam­bio de inmu­ni­dad o una pena menor.

Hasta ahora la pre­si­denta Shein­baum ha actuado con pru­den­cia; la FGR res­pon­dió lo debido y el pro­ceso sigue su curso. Lo más impor­tante ahora es que la FGR haga una inves­ti­ga­ción seria y a fondo. Pero el caso del gene­ral Sal­va­dor Cien­fue­gos, exse­cre­ta­rio de Defensa, acu­sado por el SDNY en 2020 de pro­te­ger al narco, genera des­con­fianza. Fue devuelto a México, inves­ti­gado por la FGR a cargo del hoy des­pres­ti­giado Ale­jan­dro Gertz Manero y absuelto en tiempo récord, en un pro­ceso que a pocos con­ven­ció.

Clau­dia Shein­baum garan­tizó que su admi­nis­tra­ción no ampa­rará a nadie que haya come­tido un delito. Habrá que ver si esta vez la FGR actúa con la misma rigu­ro­si­dad que hoy le exige al SDNY.