El miércoles pasado la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázarez, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, al vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra, a dos exjefes policiales, al exsecretario de Seguridad, a un exsubdirector y a dos comandantes. Los cargos: conspiración para introducir fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas en EEUU y posesión de armas y explosivos, con penas mínimas de 40 años y cadena perpetua posible. El SDNY solicitó al gobierno de México la detención provisional de los diez para efectos de extradición.
La acusación, en forma de un indictment, exhibe listas manuscritas de sobornos, cantidades en pesos y dólares, y detalla encuentros entre Rocha y Los Chapitos, redadas a laboratorios saboteadas por funcionarios corruptos y, en el caso más serio, el secuestro y asesinato en octubre de 2023 de una fuente confidencial de la DEA y sus familiares, entre ellos un menor de 13 años. Es una acusación a la que le faltan las pruebas que demostrarían el delito en un juicio.
En México no tiene valor probatorio un indictment, pues la ley exige que toda solicitud de aprehensión contenga las pruebas que la justifiquen si el delito se hubiese cometido aquí. La FGR respondió que en los documentos enviados no hay pruebas que justifiquen “la urgencia de la detención provisional”, porque si bien el Artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y EEUU permite solicitar una detención con sólo una acusación, el Artículo 10 requiere el paquete completo de pruebas. El SDNY envió lo primero, pero no lo segundo.
En decenas de casos anteriores, México detuvo a supuestos delincuentes solo con base en un indictment y le dio a EEUU 60 días para enviar el expediente completo. Lo que hace inédita esta acusación es que va contra un gobernador en funciones, un senador con fuero, un presidente municipal y otros siete funcionarios activos o recién salidos del cargo. La mayoría de ellos son militantes de Morena.
Rocha solicitó licencia el sábado; el Congreso la aprobó y designó a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina. También prometió demostrar que las acusaciones en su contra son falsas, lo cual es una doble imposibilidad jurídica, pues la inocencia se presume y quien acusa debe probar. La Constitución de Sinaloa no aclara si la licencia significa de pérdida de fuero. Gámez también pidió licencia. Inzunza dice que no dejará el cargo, pero, según nota de ayer en El Universal, sus abogados buscan que el SDNY lo acepte como cooperante a cambio de inmunidad o una pena menor.
Hasta ahora la presidenta Sheinbaum ha actuado con prudencia; la FGR respondió lo debido y el proceso sigue su curso. Lo más importante ahora es que la FGR haga una investigación seria y a fondo. Pero el caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa, acusado por el SDNY en 2020 de proteger al narco, genera desconfianza. Fue devuelto a México, investigado por la FGR a cargo del hoy desprestigiado Alejandro Gertz Manero y absuelto en tiempo récord, en un proceso que a pocos convenció.
Claudia Sheinbaum garantizó que su administración no amparará a nadie que haya cometido un delito. Habrá que ver si esta vez la FGR actúa con la misma rigurosidad que hoy le exige al SDNY.
