Ruiz-Healy Times: ¿Qué hay detrás de los 83,800 millones?

Ayer, durante la Maña­nera pre­si­den­cial, la secre­ta­ria Anti­co­rrup­ción y Buen Gobierno, Raquel Buen­ros­tro, informó que durante los pri­me­ros dos años del gobierno de la pre­si­denta Clau­dia Shein­baum su depen­den­cia con­tri­buyó a gene­rar aho­rros y evi­tar sobre­cos­tos por 83,800 millo­nes de pesos. Falta cono­cer cómo se obtuvo y qué parte corres­ponde a dinero recu­pe­rado, gasto no rea­li­zado o sobre­cos­tos evi­ta­dos.

Buen­ros­tro explicó que 29,000 millo­nes corres­pon­den a aho­rros en com­pras públi­cas y nego­cia­cio­nes con pro­vee­do­res; 42,200 millo­nes, a sobre­cos­tos evi­ta­dos en con­tra­tos y obras; 7,800 millo­nes, a reor­ga­ni­za­ción admi­nis­tra­tiva y 4,800 millo­nes, a mul­tas, pena­li­za­cio­nes y devo­lu­ción de pagos en exceso. Los pri­me­ros tres rubros repre­sen­tan 94% del total y son prin­ci­pal­mente recur­sos que no tuvie­ron que gas­tarse.

Aho­rrar en una com­pra, evi­tar un sobre­costo, impo­ner una multa y recu­pe­rar dinero son cosas dis­tin­tas. Para enten­der los 29,000 millo­nes en com­pras se nece­sita cono­cer qué se com­pró, el pre­cio de refe­ren­cia y el final. En los 42,200 millo­nes hay que saber qué con­tra­tos y obras, qué pre­ten­día cobrarse y cómo se deter­minó que era exce­sivo.

Tam­bién deben expli­carse los otros 12,600 millo­nes. De los 7,800 millo­nes por reor­ga­ni­za­ción admi­nis­tra­tiva hay que saber qué pla­zas, estruc­tu­ras y gas­tos fue­ron eli­mi­na­dos y durante qué periodo se cal­culó el aho­rro. De los 4,800 millo­nes por mul­tas, pena­li­za­cio­nes y devo­lu­ción de pagos en exceso debe pre­ci­sarse qué corres­ponde a cada con­cepto, qué mul­tas fue­ron cobra­das y cuánto regresó a la Teso­re­ría.

Buen­ros­tro informó ade­más sobre san­cio­nes admi­nis­tra­ti­vas, denun­cias ante la Fis­ca­lía Gene­ral de la Repú­blica y per­so­nas vin­cu­la­das a pro­ceso. Una denun­cia o vin­cu­la­ción a pro­ceso no sig­ni­fica que alguien sea cul­pa­ble.

La secre­ta­ria des­tacó que México ocupa el quinto lugar entre los paí­ses de la Orga­ni­za­ción para la Coo­pe­ra­ción y el Desa­rro­llo Eco­nó­mi­cos (OCDE) con mayor con­fianza en el gobierno. La encuesta publi­cada en junio regis­tra 53% en México, con­tra 40% en pro­me­dio en la orga­ni­za­ción. En México repre­senta a adul­tos urba­nos y se hizo mediante entre­vis­tas pre­sen­cia­les.

La Secre­ta­ría Anti­co­rrup­ción y Buen Gobierno debe difun­dir un informe com­pleto sobre los 83,800 millo­nes. Debe iden­ti­fi­car depen­den­cias, con­tra­tos, obras y pro­vee­do­res; mon­tos ori­gi­na­les y fina­les; cómo cal­culó los aho­rros y sobre­cos­tos; las mul­tas y pena­li­za­cio­nes cobra­das, y el dinero recu­pe­rado.

No se trata de cues­tio­nar la cifra, sino de saber qué repre­senta. ¿Cuánto se aho­rró al com­prar mejor? ¿Cuánto corres­ponde a sobre­cos­tos no paga­dos? ¿Cuánto se aho­rró mediante la reor­ga­ni­za­ción admi­nis­tra­tiva? ¿Cuánto regresó a la Teso­re­ría?

El informe debe per­mi­tir com­pa­rar esos resul­ta­dos con años ante­rio­res. Sin esa refe­ren­cia no puede saberse si los 83,800 millo­nes repre­sen­tan una mejora res­pecto de lo que antes se aho­rraba, evi­taba pagar o recu­pe­raba, ni qué parte del resul­tado obe­dece a nue­vas medi­das de con­trol ya.

Son 83,800 millo­nes de pesos y una cifra de esa mag­ni­tud requiere infor­ma­ción deta­llada. Un informe per­mi­ti­ría a la opi­nión pública cono­cer cómo se inte­gró, cómo se cal­culó y sus resul­ta­dos. Docu­men­tar­los per­mi­tirá enten­der la dimen­sión de lo infor­mado por Buen­ros­tro.

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