El 18 de noviembre de 2010, en Hermosillo, presenté una conferencia titulada “La Guerra Fallida Contra la Delincuencia Organizada”. Dije entonces que la prohibición sin respaldo social no suprime los mercados ilegales, sino que los crea; que la corrupción no es la excepción, sino el sistema; y que el crimen organizado ya había colonizado la política, la economía, la cultura y la religión de México. Concluí que el único camino era la despenalización, como lo demostró Portugal al despenalizar el consumo y posesión para uso personal de todas las drogas en 2001 y ver caer sus tasas de sobredosis y encarcelamiento.
Hoy, dos noticias recientes confirman que aquel diagnóstico era correcto.
Primera. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, es acusado por la Fiscalía del Sur de Nueva York de presuntos vínculos con el narcotráfico, en un caso que involucra a un senador y a ocho funcionarios y exfuncionarios de su gobierno, todos morenistas. En 2010 señalé que el narco había comprado cerca del 30% del sistema judicial mexicano, que Juan García Ábrego, fundador del Cártel del Golfo, pagaba mensualmente hasta un millón de dólares a jefes policiales. La narcopolítica no es nueva.
Segunda. En abril pasado, cuatro agentes de la CIA participaron en un operativo contra un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, Chihuahua. Dos murieron en un accidente carretero. La investigación posterior reveló que el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera Cervantes, quien también murió en el accidente, la había autorizado en contravención expresa de la Constitución, sin informar a la FGR ni a ninguna instancia federal. La FGR abrió una investigación por invasión de competencias federales y citó a declarar a civiles y militares, así como a la gobernadora panista Maru Rojas.
En 2010 dije que el Ejército, la Marina y la SSP operaban como “estados dentro del Estado”. Ahora en Chihuahua, la CIA actuó dentro del Estado mexicano.
México cerró 2025 con alrededor de 24,000 personas asesinadas, cifra similar a la de 2010 pero con una tendencia acumulada devastadora: desde ese año se han registrado cerca de 465,000 homicidios. Desde que Calderón declaró la guerra al narco en diciembre de 2006, la cifra supera los 510,000. Hay más de 133,000 personas desaparecidas y alrededor de 73,000 cadáveres sin identificar en las morgues del país.
En 2010 era cuestión de tiempo que los cárteles acumularan suficiente poder para provocar una catástrofe histórica. Desde 1999 hasta hoy, más de 800,000 estadounidenses han muerto por sobredosis de opioides, legales e ilegales. Desde 2013, los opioides sintéticos ilícitos, principalmente el fentanilo producido o traficado desde México, han sido responsables de cerca del 70% de esas muertes anuales. Esa cifra supera las 666,000 bajas en combate de todas las guerras de EEUU desde su fundación.
Como muchos advertimos desde hace décadas, la prohibición no destruye el mercado: lo entrega al crimen organizado. El primer paso sigue siendo la despenalización. Calderón, Peña Nieto y López Obrador prefirieron ignorarlo. Los tres son responsables de la herencia maldita que recibió la presidenta Claudia Sheinbaum: los muertos, los desaparecidos y el poder inmenso del crimen organizado. El costo lo pagamos todos hoy, menos ellos.
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