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El T-MEC sigue vigente hasta 2036. Esta­dos Uni­dos no aceptó exten­derlo hasta 2042, pero estará sujeto a revi­sio­nes anua­les. Esto importa más de lo que la semana pasada admi­tió el secre­ta­rio de Eco­no­mía, Mar­celo Ebrard.

El año pasado EEUU llegó con un pliego de 54 exi­gen­cias comer­cia­les y este año lo redujo a 14. Con las revi­sio­nes anua­les exige la posi­bi­li­dad de rea­brir parte de ese pliego cada año. Ahora, el peli­gro no es la salida esta­dou­ni­dense del tra­tado, sino la incer­ti­dum­bre per­ma­nente sobre la inver­sión. El TMEC dejó de ser un pro­yecto de largo plazo y se vol­vió un con­trato que EEUU audi­tará cada año.

Hay dos cate­go­rías de exi­gen­cias esta­dou­ni­den­ses: las que México puede nego­ciar y las que son inne­go­cia­bles. Las pri­me­ras son las barre­ras no aran­ce­la­rias, los trá­mi­tes opa­cos en las adua­nas, COFEPRIS y las com­pras públi­cas, los retra­sos en regis­tros sani­ta­rios y aspec­tos téc­ni­cos de reglas de ori­gen. Ahí México puede ceder sin afec­tar su sobe­ra­nía. Digi­ta­li­zar sus adua­nas y pro­bar que no hay trian­gu­la­ción de insu­mos asiá­ti­cos son con­ce­sio­nes cos­to­sas, pero defen­di­bles.

Tam­bién son nego­cia­bles el cum­pli­miento labo­ral y la pro­pie­dad inte­lec­tual. México ya reformó su ley labo­ral al entrar en vigor el tra­tado y puede acep­tar más vigi­lan­cia sin­di­cal y más pane­les para evi­tar san­cio­nes sor­pre­si­vas. Per­se­guir la pira­te­ría gol­peará a la infor­ma­li­dad, pero pro­te­gerá a quie­nes expor­tan mar­cas y soft­ware.

Las exi­gen­cias no nego­cia­bles tie­nen que ver con el modelo de Estado que desde 2018 empezó a cons­truir AMLO y hoy con­ti­núa la pre­si­denta Clau­dia Shein­baum. EEUU rechaza las polí­ti­cas que pri­vi­le­gian a Pemex y a la CFE frente a las empre­sas pri­va­das y si bien México puede ajus­tar nor­mas, no se ve que vaya a acep­tar con­ver­tir esta revi­sión en una segunda reforma ener­gé­tica dic­tada desde Was­hing­ton.

Lo mismo aplica al régi­men fis­cal, al SAT, a la reforma judi­cial y a los órga­nos autó­no­mos. Acep­tar que el T-MEC ordene el redi­seño de Hacienda, de los tri­bu­na­les o de los órga­nos regu­la­do­res sería admi­tir una tutela esta­dou­ni­dense sobre las ins­ti­tu­cio­nes más sen­si­bles del país.

México tam­poco acep­tará vin­cu­lar for­mal­mente la segu­ri­dad y el comer­cio. EEUU ya usa la inter­de­pen­den­cia comer­cial para exi­gir coo­pe­ra­ción con­tra el trá­fico de fen­ta­nilo y otras dro­gas, pero vol­verlo cláu­sula del tra­tado sería con­ce­der que su vigen­cia depende de la cali­fi­ca­ción anual que Was­hing­ton dé al desem­peño mexi­cano en segu­ri­dad.

Si un demó­crata ganara la pre­si­den­cia esta­dou­ni­dense en la elec­ción de noviem­bre de 2028 podría cam­biar el tono, pero no el fondo de la rela­ción Méxi­coEEUU. Un demó­crata baja­ría la tea­tra­li­dad trum­piana de las ame­na­zas aran­ce­la­rias, pero segui­ría firme el con­senso de demó­cra­tas y repu­bli­ca­nos a favor de un comer­cio más duro, obse­sio­nado con el empleo interno y con con­te­ner a China. Cam­bia­ría el estilo, pero no la fuerza.

En 2025 México ven­dió a EEUU un récord de 534,873 millo­nes de dóla­res, 83.7% de sus expor­ta­cio­nes no petro­le­ras. Esa depen­den­cia lo empuja a ceder en lo nego­cia­ble para no per­der acceso. Lo inne­go­cia­ble sigue fuera de la mesa. El 20 de julio, cuando Ebrard se reúna en la CDMX con los nego­cia­do­res de EEUU, sabre­mos cuán­tas con­ce­sio­nes da México por blin­dar su sobe­ra­nía.

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Eduardo Ruiz-Healy
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