En México son asesinadas entre 10 y 11 mujeres cada día y, según el INEGI, el 70% de las mujeres ha sufrido violencia a lo largo de su vida. La cifra describe una crisis sistémica. Pero cuando el agresor pertenece a la élite gobernante, la violencia de género se entrelaza con una realidad más profunda: la impunidad selectiva.
Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, marca el umbral donde una imagen rompe la protección cupular. Tras la difusión, el 26 y 27 de junio, de dos videos de agresiones contra su esposa, María Felicia Jiménez Lavié, cubana y unos 20 años menor que él, la presión mediática acabó con su carrera pública.
La Secretaría de Energía aclaró que no será el director del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias y la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que, de ser culpable, debe caer sobre él todo el peso de la ley.
Rodríguez no sobrevivió por la contundencia del video y porque es prescindible. Él era un técnico, no un activo electoral.
La diferencia se mide en votos. El pacto patriarcal se activa cuando defender al agresor cuesta menos que el poder que retiene.
En 2021, Félix Salgado Macedonio acumuló denuncias por violación agravada en Guerrero. Morena lo sostuvo. El INE tiró su candidatura por fallas de fiscalización, no por las acusaciones. El sistema lo premió: heredó el gobierno a su hija, hoy es senador hasta 2030 con fuero y de nuevo aspira a la gubernatura guerrerense.
En 2012, el PRD sostuvo a Rubén Escamilla, aspirante a diputado local capitalino, pese a un video donde coaccionaba sexualmente a una subordinada en la delegación Tláhuac. Ganó, rindió protesta y fue cobijado por la impunidad. En 2022, el historiador Pedro Salmerón fue propuesto como embajador en Panamá pese a denuncias de acoso de exalumnas del ITAM. Panamá negó el beneplácito y AMLO lo recicló al frente del Archivo General Agrario.
Las fiscalías congelan carpetas, reclasifican delitos sexuales a faltas menores y amedrentan a denunciantes. Los partidos postulan a hombres con carpetas abiertas, sabiendo que los juicios tardan años, hasta que el cargo o el fuero los blinda. La reforma 3 de 3 contra la violencia se diseñó para impedirlo, pero la burocracia judicial la neutraliza.
Las excepciones obedecen al control de daños. En 2021, el Congreso desaforó al diputado morenista Saúl Huerta, detenido en flagrancia por abuso sexual de un menor. Fue sentenciado a 22 años de prisión y murió en 2025.
En 2024 cayó Ismael Figueroa, exlíder del sindicato de bomberos capitalinos y candidato del PRD, aunque su caída real fue por delitos financieros, no por las denuncias de acoso. Hoy está preso y su juicio no concluye.
La impunidad en estos delitos supera el 95%. Mientras el castigo dependa de los votos que sume el agresor, del partido que lo cobije o de que su víctima vuelva viral la agresión, lo que opera no es justicia sino una negociación. Cada carpeta congelada le avisa a la siguiente mujer de que su denuncia pesa menos que una curul.
En México el poder no castiga al agresor. Si es útil y poderoso, hasta lo premia.
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