Cada mes, 66 de cada 100 personas reportadas como desaparecidas son localizadas, pero 96 de cada 100 localizaciones no están asociadas a un delito porque se trata de ausencias voluntarias, conflictos familiares o personas que simplemente se fueron sin avisar. El gobierno funciona como rastreador administrativo de quienes no quieren ser encontrados por sus parientes o acreedores, pero no sirve para encontrar a quienes fueron desaparecidos por el crimen organizado o por el propio Estado.
El informe presentado en la Mañanera del 27 de marzo muestra la magnitud de la catástrofe. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas acumula 394,645 registros desde 1952. Más de siete décadas de expedientes, sin que ningún gobierno federal o estatal decidiera depurar la lista ni realizar una búsqueda seria de las personas. 132,534 personas permanecen sin localizar y 46,742 casos carecen de datos mínimos de identidad, ya que nombres como ‘BBC’, ‘Juanito’, ‘Niña’ o ‘Muebles Gaby’ aparecen en los expedientes oficiales. Como admitió la propia presidenta Claudia Sheinbaum: “Si dice Juan, pero no tenemos ningún otro dato, es muy difícil buscar a esa persona”.
¿De quién es la culpa? De todos los que pudieron actuar y no lo hicieron. De Felipe Calderón, que desató una guerra sin plan de búsqueda ni de identificación de víctimas. De Enrique Peña Nieto, que heredó la crisis y la administró con indiferencia. De Andrés Manuel López Obrador, que prometió verdad y justicia a las familias y les entregó discursos mientras los desaparecidos seguían acumulándose. El 98% de los casos corresponde al periodo iniciado en 2006.
Claudia Sheinbaum heredó este desastre de 72 años y es la primera en reconocer públicamente la magnitud del problema. Ahora, gracias a la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada que ella promovió en 2025, es obligatorio abrir una carpeta de investigación desde el primer reporte y se imponen sanciones administrativas a los funcionarios que no lo hagan. La intención parece genuina. Pero la tecnología es una herramienta, no una solución.
El verdadero cuello de botella está en las fiscalías estatales. De los 43,128 casos sin actividad alguna tras la desaparición, el 71% fue registrado por las propias fiscalías. Pero solo 3,869 tienen una carpeta de investigación formal, mientras que los otros 26,611 son “solo reportes” que no obligan a nadie a investigar nada. El dato es terrible: las fiscalías registraron a los desaparecidos y luego se olvidaron de ellos.
El problema es estructural: en casi todos los estados, los fiscales obedecen a los gobernadores, que, en la mayoría de los casos, no quieren aceptar que la gente desaparece en sus estados. La propia presidenta Sheinbaum reveló que la titular del Secretariado Ejecutivo, Marcela Figueroa, “está todos los días hablando con los fiscales estatales” para que actualicen sus registros. Hay que presionarlos porque no lo hacen por iniciativa propia.
Entre octubre de 2024 y marzo de 2026, se cumplieron 286 órdenes de aprehensión por el delito de desaparición. Esto equivale a un detenido por cada 463 víctimas. Sin fiscalías autónomas que investiguen sin pedir permiso al gobernador en turno, ninguna reforma federal —por bienintencionada que sea— podrá revertir siete décadas de abandono.
Las opiniones vertidas en este espacio son exclusiva responsabilidad del autor y no representan, necesariamente, la política editorial de Grupo Diario de Morelos.