El 75% del gas natural que consume México es importado. De ese total, el 80% proviene de un solo lugar: Texas, y el 20% restante, de California. Pese a que nuestros gobiernos llevan años proclamando la soberanía energética del país, esos mismos gobiernos promovieron una dependencia que hoy lo deja a merced de las tormentas invernales en el Golfo de México, de las decisiones regulatorias en Washington y de los conflictos en el Medio Oriente, como el que hemos visto durante los últimos 40 días y que hoy está en pausa debido a una tregua frágil e insegura. Una muestra: debido al encarecimiento de las gasolinas que México importa, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que reducir el IEPS para mantener la Magna en 24 pesos. Medida comprensible, insuficiente y muy costosa para el erario.
Andrés Manuel López Obrador recibió en 2018 un país con una dependencia del gas extranjero de 64% y la dejó en 75%. Durante su sexenio, la producción nacional de Pemex para consumo cayó de 2.7 a apenas 2.3 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), mientras que la demanda eléctrica que él mismo impulsó con su apuesta por la CFE creció de 7.6 a 9.1 MMpcd. La brecha resultante se llenó, sistemáticamente, con gas estadounidense. Debido a su ignorancia tecnológica e ideología arcaica, AMLO cerró la puerta a nuevas tecnologías de extracción, permitió que problemas operativos se volvieran crónicos, como la contaminación por nitrógeno en Cantarell , y prometió independencia mientras aumentaba la dependencia. La producción de crudo de Pemex cayó de 1.7 a 1.4 millones de barriles diarios: el nivel más bajo en décadas. Es el legado más costoso que Claudia Sheinbaum heredó.
Pero la presidenta, científica y pragmática, entiende la situación. En la conferencia mañanera de ayer, anunció dos metas por alcanzar. La primera, la creación de un comité científico para evaluar en dos meses la explotación de gas en lutitas Shale, reconoce lo que AMLO se negó a ver: que no hay soberanía posible ignorando los 141,494 miles de millones de pies cúbicos que yacen en los campos no convencionales del norte y el noreste del país. El gobierno propone usar agua no potable en el proceso de fracturación, la reutilización de fluidos de hasta el 80% y una hoja de ruta que proyecta más de 5,100 MMpcd para 2030 —más del doble de lo que hoy se produce. Es tarde, pero es mejor que seguir negando la realidad.
La otra meta es la diversificación eléctrica. Elevar la participación de los renovables en la generación del 24% al 38% para 2030 no es solo una meta ambiental, sino la única forma real de reducir la quema de gas en las turbinas de la CFE y de empezar a disminuir gradualmente la dependencia de Texas y California. El sector eléctrico consume hoy más de la mitad del gas natural del país y, mientras eso no cambie, cada conflicto en el Golfo Pérsico seguirá siendo una amenaza directa para la economía mexicana.
La verdadera soberanía se construye con inversión, tecnología y una lectura honesta de los datos. El camino que traza la presidenta es, por primera vez en años, el correcto. Pasar de 2,300 a más de 5,100 MMpcd en cuatro años y elevar las renovables del 24% al 38% son objetivos ambiciosos, aunque la historia de Pemex y la CFE no invite precisamente al optimismo.
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