Ruiz-Healy Times: 24,622 Cuentas congeladas, ¿y después qué?

La Uni­dad de Inte­li­gen­cia Finan­ciera (UIF) pre­sentó el vier­nes cifras que mues­tran un avance sólido en el com­bate finan­ciero con­tra la delin­cuen­cia orga­ni­zada. Desde octu­bre de 2024 ha incor­po­rado a 2,395 per­so­nas a la Lista de Per­so­nas Blo­quea­das e inmo­vi­li­zado 24,622 cuen­tas por 8,670.8 millo­nes de pesos. De ellas, 7,861 están vin­cu­la­das con orga­ni­za­cio­nes cri­mi­na­les: 31.9% del total.

En los últi­mos tres meses de 2024 fue­ron blo­quea­das 184 cuen­tas; en 2025, 6,942, y entre enero y agosto de este año, 17,496. Durante años, muchos afec­ta­dos recu­rrie­ron al amparo para recu­pe­rar su dinero. Entre 2019 y 2022 se des­blo­queó alre­de­dor del 80% de los recur­sos inmo­vi­li­za­dos, aun­que no todos por ampa­ros.

Eso cam­bió con la reforma a la Ley de Amparo publi­cada el 16 de octu­bre de 2025. Ahora no pro­cede la sus­pen­sión pro­vi­sio­nal en los casos pre­vis­tos por la ley y la defi­ni­tiva solo puede con­ce­derse sobre recur­sos cuya pro­ce­den­cia lícita quede acre­di­tada. El 12 de agosto pasado, la Suprema Corte reforzó este esquema al deter­mi­nar que la UIF puede blo­quear cuen­tas a par­tir de inves­ti­ga­cio­nes nacio­na­les cuando exis­tan indi­cios razo­na­bles y sufi­cien­tes de posi­bles ope­ra­cio­nes ilí­ci­tas.

La UIF existe desde 2004, pero no siem­pre actuó con la misma inten­si­dad. San­tiago Nieto la con­vir­tió, entre 2018 y 2021, en una ins­ti­tu­ción mucho más agre­siva, aun­que des­pués los tri­bu­na­les libe­ra­ron buena parte de los recur­sos. Omar Reyes dis­pone ahora de algo que nin­guno de sus ante­ce­so­res tuvo: una Ley de Amparo más res­tric­tiva y cri­te­rios de la Corte que for­ta­le­cen los blo­queos.

Pero blo­quear cuen­tas no equi­vale a derro­tar finan­cie­ra­mente al cri­men. La inte­li­gen­cia finan­ciera fun­ciona bien cuando el dinero pasa por ban­cos, empre­sas, trans­fe­ren­cias y pres­ta­nom­bres, pero mucho menos frente a la eco­no­mía cri­mi­nal que sigue ope­rando con efec­tivo. El cobro de piso es el ejem­plo más evi­dente. Desde que comenzó la Estra­te­gia Nacio­nal con­tra la Extor­sión, en julio de 2025, la UIF ha inmo­vi­li­zado 1,443 cuen­tas rela­cio­na­das con este delito.

Existe un pro­blema mayor. Con­ge­lar una cuenta es una medida cau­te­lar, no una sen­ten­cia. La UIF puede detec­tar ope­ra­cio­nes sos­pe­cho­sas, iden­ti­fi­car empre­sas y pres­ta­nom­bres y con­ge­lar dinero, pero con­ver­tir esa inte­li­gen­cia en una con­dena exige que la Fis­ca­lía Gene­ral de la Repú­blica inves­ti­gue, reúna prue­bas y lleve los casos ante los tri­bu­na­les.

Y aquí surge un pro­blema de trans­pa­ren­cia. En los sitios ofi­cia­les de la UIF y la FGR no son fácil­mente detec­ta­bles esta­dís­ti­cas actua­li­za­das que per­mi­tan saber cuán­tas denun­cias de la UIF fue­ron judi­cia­li­za­das, cuán­tas ter­mi­na­ron en con­dena y cuánto dinero blo­queado ter­minó en manos del Estado. Sin esos datos es impo­si­ble medir la efi­ca­cia com­pleta de la estra­te­gia.

Las 24,622 cuen­tas blo­quea­das impre­sio­nan, pero no bas­tan. Lo impor­tante es saber cuán­tas denun­cias lle­gan ante un juez, cuán­tas ter­mi­nan en con­dena, cuán­tos de los 8,670.8 millo­nes de pesos se pier­den defi­ni­ti­va­mente para los delin­cuen­tes y cuán­tas estruc­tu­ras finan­cie­ras son des­man­te­la­das.

El gobierno de Shein­baum ha for­ta­le­cido el pri­mer esla­bón. Ahora falta demos­trar que puede com­ple­tar los demás. Con­ge­lar es un avance; deco­mi­sar, con­de­nar y des­man­te­lar las redes finan­cie­ras es la ver­da­dera prueba.

Las opi­nio­nes ver­ti­das en este espa­cio son exclu­siva res­pon­sa­bi­li­dad del autor y no repre­sen­tan, nece­sa­ria­mente, la polí­tica edi­to­rial de Grupo Dia­rio de More­los.