CUERNAVACA, MORELOS.- El Centro Federal de Readaptación Social Femenil, en Coatlán del Río, gasta seis mil 411 pesos con 61 centavos diarios en la seguridad de cada una de las 809 personas privadas de su libertad que ahí se encuentra.

En la conferencia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con Julio Scherrer, consejero jurídico de la Presidencia de la República, presentaron el reporte de la revisión de los contratos de prestación de servicios privados en penales federales.

El análisis se realizó en ocho penales federales, entre ellos el Femenil de la zona surponiente de Morelos, el cual alberga a 809 personas privadas de su libertad (ppl), lo que representa el 32% de su capacidad total.

Rodríguez Velázquez detalló que para la operación de ocho penales federales se realizaron contratos en los que se estableció que la responsabilidad en la operación y seguridad de cada centro penitenciario corresponde a la Secretaría de Seguridad, por lo que las empresas privadas serán las responsables de brindar condiciones materiales, tecnológicas y algunos servicios auxiliares.

Lo contratos se firmaron en el año 2010, tienen una vigencia de 22 años y señalan que los inmuebles y sus instalaciones, concluida su vigencia, son propiedad del proveedor, no del Gobierno, o bien podrían ser objeto de un nuevo contrato.

AMLO aseguró que el gasto destinado a la seguridad de ocho penales federales es excesivamente alto, tan solo en 2020 se pagaron 15 mil 562 millones 904 mil 661 pesos con 42 centavos; mientras que, del penal femenil, ubicado en Morelos, se destinaron mil 867 millones 318 mil 618 pesos con 95 centavos.

Destacó que ya existe una denuncia en la Fiscalía General de la República, por ahora, ha instruido al consejero jurídico para que “hablé con los proveedores de estos servicios y se llegue a un acuerdo, porque consideramos que es un abuso; y en paralelo, se iniciará una demanda en lo civil para cancelar los contratos si no se llega a un arreglo. Hubo abusos de todo tipo en todos estos contratos, los beneficiarios están vinculados al poder”.

Por MARCELA GARCÍA / marcela.garcia@diariodemorelos.com