Jiutepec, Morelos.- Los regidores del municipio de Jiutepec buscan recuperar su participación con voz y voto dentro del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento. El objetivo central de esta iniciativa es supervisar de manera directa las contrataciones, compras y el correcto ejercicio de los recursos públicos municipales.
Juan Carlos Aguiñaga, regidor de Seguridad, Transparencia y Rendición de Cuentas, informó que presentó una propuesta formal para modificar el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones del municipio.
Actualmente, este órgano de control financiero está integrado exclusivamente por funcionarios de la Oficialía Mayor, la Tesorería y la Consejería Jurídica, dejando fuera a los representantes populares del Cabildo.
Transparencia y prevención de anomalías financieras
El concejal aclaró que hasta el momento no se han detectado irregularidades graves en el manejo del presupuesto municipal. Sin embargo, consideró indispensable establecer mayores filtros de control para prevenir posibles anomalías futuras.
"No es que sospechemos de malos manejos ni que exista alguna anomalía detectada, pero sí queremos fortalecer la transparencia", expresó Aguiñaga durante la presentación de su proyecto legislativo local.
Un modelo similar al de otros municipios
El regidor explicó que la participación del Cabildo en este comité de compras fue eliminada durante gestiones administrativas anteriores.
Con esta reforma, la administración local busca recuperar un mecanismo de vigilancia ciudadana y política que ya opera con éxito en municipios vecinos como Cuernavaca.
De esta manera, los regidores pretenden garantizar que las decisiones de gasto cuenten con supervisión plural y directa.
Trámite legislativo y plazos de aprobación
La iniciativa presentada por el edil ya fue turnada de manera oficial a la Comisión de Reglamentos para su análisis técnico y jurídico correspondiente.
Posteriormente, el dictamen deberá someterse a votación del pleno del Cabildo, donde requerirá una mayoría calificada para lograr su aprobación definitiva.
Aguiñaga estimó que todo el procedimiento administrativo podría concluir en un plazo de entre 15 días y un mes, permitiendo arrancar con el nuevo filtro de supervisión gubernamental.
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